Denuncias de espionaje en Guayaquil impulsan investigación en la Asamblea Nacional
La investigación parlamentaria sobre videovigilancia se aprobó con 143 votos, tras denuncias de espionaje político en Ecuador
Con 143 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó una investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades en la gestión de videovigilancia municipal. La Asamblea Nacional dio luz verde a un proceso de fiscalización para esclarecer posibles vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia operados por la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP) en Guayaquil. Esta resolución se adoptó por unanimidad durante la sesión plenaria del miércoles 17 de junio de 2026.
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Denuncia de espionaje político
La propuesta, impulsada por el asambleísta Andrés Castillo (ADN), surgió tras la difusión de audios que evidencian el uso de recursos estatales para actividades de seguimiento.
Durante su intervención en el Pleno y en la rueda de prensa posterior, Castillo denunció un uso partidista de la infraestructura de seguridad. “Guayaquil paga el espionaje y Pichincha paga la difusión”, enfatizó el legislador al explicar cómo, a su criterio, se maquinó un mecanismo de escucha para vigilar a opositores políticos y ciudadanos.
Según Castillo, la seguridad pública no puede ser instrumentalizada para fines electorales. “No se puede permitir que la seguridad de los ciudadanos esté violentada permanentemente por un grupo político”, señaló, al tiempo que cuestionó la utilización de medios de comunicación para amplificar información obtenida de manera presuntamente irregular.
Alcance de la investigación parlamentaria
La Comisión de Seguridad Integral será responsable de llevar adelante la investigación. Tendrá facultades para solicitar informes técnicos, documentación oficial y convocar a las autoridades vinculadas a la gestión de Segura EP y otros organismos del Estado.
El asambleísta Castillo insistió en que el proceso debe ser contundente para determinar responsabilidades. “La seguridad debe ser un derecho fundamental protegido por el Estado y no puede ser que cuatro o cinco vivarachos utilicen los bienes públicos para sus intereses políticos”, declaró el legislador durante su alocución.
La Comisión tendrá un plazo de 60 días para presentar un informe ante el Pleno, detallando conclusiones, observaciones y recomendaciones. Además, la resolución de la Asamblea incluye la remisión de los antecedentes a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado.
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Estos organismos, en el ámbito de sus competencias, deberán investigar si existe una concurrencia de delitos en el manejo de las cámaras municipales. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ECU 911 también han sido notificados para brindar el apoyo necesario en esta fiscalización nacional.
- Informe extra: Espionaje
