
Una exjueza de Montecristi fue condenada a cinco años de prisión por un Tribunal de la Corte de Justicia de Manabí, a prisión por la liberación de dos sentenciados por femicidio, informó la Fiscalía este lunes 17 de agosto de 2026.
Gina Z., exjueza de Montecristi, fue declarada culpable de prevaricato por un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
Fiscalía señaló que la entonces jueza ordenó la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio que cumplían sus condenas en Azuay.
Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y condenó a cinco años de pena privativa de libertad a Gina Z., exjueza multicompetente de Montecristi, tras declararla culpable del delito de prevaricato.
El caso se originó en una investigación iniciada de oficio por Fiscalía en marzo de 2023, después de que la institución conociera una decisión de la entonces jueza para ordenar la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio, quienes cumplían sus condenas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi, en Azuay.
Tras conocer la decisión, Fiscalía solicitó un acto urgente para realizar un allanamiento en la oficina de la entonces jueza. Durante la diligencia se levantaron varios indicios y posteriormente se formularon cargos en su contra por el presunto delito de prevaricato.
Con los elementos de convicción reunidos durante la investigación, Fiscalía obtuvo el llamamiento a juicio de Gina Z. Sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a que la procesada se encontraba prófuga de la justicia.
En mayo de 2026 fue deportada desde Estados Unidos a Ecuador, lo que permitió reanudar el proceso judicial.
Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó testimonios de agentes que participaron en la investigación y realizaron las pericias solicitadas por la institución.
Entre los elementos incorporados al proceso constan:
También se incorporó el acta del 3 de octubre de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Gina Z.
Según Fiscalía, las actuaciones jurisdiccionales por las que fue destituida habrían beneficiado, además de las dos personas sentenciadas por femicidio, a otras personas procesadas por delitos contra la propiedad y la vida. Estas actuaciones fueron calificadas como error inexcusable.
De acuerdo con el análisis realizado durante la investigación, la entonces jueza habría actuado sin competencia territorial, debido a que las personas privadas de libertad cumplían sus condenas en centros ubicados fuera de la jurisdicción de Montecristi.
Los centros penitenciarios señalados estaban ubicados en Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja.
El delito de prevaricato está establecido en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la sanción vigente a la fecha de los hechos investigados, este delito contempla una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
En este caso, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia impuso a Gina Z. una pena de cinco años de prisión, tras acoger el pedido de la Fiscalía General del Estado.