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Empresas de alimentos y eventos venden a hospitales

Por el caso de un presunto sobreprecio en fundas para cadáveres en el  Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, se realizaron varios allanamientos. Foto: Fiscalía

Por el caso de un presunto sobreprecio en fundas para cadáveres en el Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, se realizaron varios allanamientos. Foto: Fiscalía

Por el caso de un presunto sobreprecio en fundas para cadáveres en el Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, se realizaron varios allanamientos. Foto: Fiscalía

Las indagaciones ejecutadas en torno a las compras de insumos para que los hospitales afronten la emergencia por el covid-19 revelan detalles de las empresas que están detrás de estos procesos.

Por ejemplo, los allanamientos al Hospital Docente de Ambato mostraron que la firma que vendió overoles, cubrecabezas y otros insumos con presunto sobreprecio no se dedica al área de salud. En el Servicio de Rentas Internas (SRI) se halla registrada en actividades de transporte. Hoy, ese dato está en poder de la Fiscalía.

Algo similar ocurrió en el Hospital Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil. La compañía que suscribió un contrato de USD 500 000 para dotar de insumos mostró su registro en el SRI que lo avala como vendedor al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos dentales. Pero datos que constan en la Superintendencia de Compañías determinaron que su actividad estaba relacionada con restaurantes, cebicherías y cafeterías.

Este Diario revisó documentos de hospitales que operan en el centro del país y en la Amazonía y se observa que detrás de las operaciones de compra-venta aparecen grupos que no tienen relación con temas de salud.

En el primer caso, quienes firmaron un contrato para dotar de 7 000 mascarillas N95 se dedica a la organización de eventos deportivos, culturales y artísticos.

En el segundo, la casa de salud compró 30 bolsas para cadáveres en USD 78,20 cada una. La adquisición la realizó a un proveedor ubicado en Quito, que no está registrado en la Superintendencia de Compañías y tampoco en el SRI. El RUC pertenece a una persona natural, cuya actividad es la venta, al por mayor y menor, de cortinas, tapetes y visillos.

Silvana Vallejo, directora del Sercop, reconoce que esta entidad no tiene competencia para “revisar o validar” la información de los oferentes. “En los procesos por emergencia, cada entidad se encarga de elegir al proveedor y validar los datos que estos les envían”.

Vallejo explica que en los procesos regulares la Sercop sí revisa que las empresas cumplan con requisitos como experiencia en salud o haber sido calificado como “proveedor”. Pero bajo el régimen de emergencia “las contrataciones pueden hacerse a cualquier firma”.

En Ley de Contratación Pública no se señala una prohibición sobre las actividades económicas de los oferentes en procesos bajo regímenes especiales. El artículo 57 dice que las entidades podrán adquirir productos con empresas extranjeras sin necesidad de que estén domiciliadas en el país y no se hace referencia al giro de negocio.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria manifiesta que las compras de insumos médicos deberían hacerse con compañías que tienen los avales de operación.

Esto implica que tenga registro sanitario y que sus productos, como bolsas de cadáveres, cuentan con certificados de calidad.

Para la Fiscalía, en cambio, las adquisiciones de insumos médicos a empresas vinculadas con otras áreas comerciales podrían acarrear delitos tributarios. Por eso, en el caso del Hospital Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil, abrió una indagación.

La primera alerta de esto la dio la Comisión Nacional Anticorrupción, cuando mencionó que grupos dedicados a expender hamburguesas, helados, ferretería y publicidad se habrían beneficiado de contratos firmados por los hospitales de Quito y Guayaquil. Según CNA, estos entendimientos se ejecutaron entre mayo del 2019 y marzo de este año.

Este colectivo denunció sobre la venta (hoy paralizada) por USD 3,2 millones de equipos de laparoscopia por parte de una empresa de publicidad para el Hospital Eugenio Espejo. La Contraloría inició un examen especial.

En cambio, en el Hospital Alfredo Noboa Moscoso, en Guaranda, la Fiscalía abrió una investigación por posible sobreprecio en la compra de 100 bolsas para embalaje de cadáveres en USD 65 cada prenda. En este caso también se usó una orden que se firmó el 6 de abril.

Como beneficiario aparece una empresa que no existe en la ‘Súper’ de Compañías.

Para el Ministerio de Salud, otro problema que existe actualmente es la especulación en los precios. Este Diario comparó los costos de productos hospitalarios adquiridos por 14 entidades públicas. Los que más varían son los precios de overoles o trajes de bioseguridad. Los hay desde USD 18 hasta 58.

Sercop dice que esa entidad no es la en encargada del control de los precios. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoce este problema y tras los escándalos anunció un sistema de contratación unificado “para evitar la especulación”.

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