La fiscal general, Diana Salazar, se reunió este jueves 17 de noviembre del 2022 con Charisse Phillips, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. En ese encuentro hablaron sobre el fenómeno del crimen organizado transnacional y las formas de enfrentarlo.
Durante la reunión, Salazar dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha brindado asistencia técnica para reforzar los procesos de investigación.
Por su parte, Phillips indicó que se analizan “las necesidades institucionales para fortalecer el trabajo de Fiscalía en su proceso de lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada”.
Además, la funcionaria estadounidense dijo que es necesario “establecer líneas de trabajo coordinadas” para fortalecer la seguridad de los funcionarios que indagan ese tipo de delitos. De hecho, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick lamentó las muertes de funcionarios de Fiscalía a manos de la delincuencia.
Por ejemplo, un caso que causó conmoción fue el asesinato del fiscal Édgar Escobar. Todo ocurrió el 19 de septiembre de 2022, en los exteriores del edificio de la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil. La víctima investigaba casos de terrorismo y muertes violentas en la Penitenciaría del Litoral.
Al concluir la reunión, las autoridades “reasumieron su compromiso de trabajar de manera coordinada para seguir fortaleciendo las capacidades de investigación de Fiscalía”.
Seguridad para funcionarios judiciales
Este jueves 17 de noviembre del 2022, el Consejo de la Judicatura dio a conocer las medidas que se han adoptado “para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales a escala nacional por las amenazas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado”.
Esa entidad destacó, por ejemplo, que desde octubre de este año se realizan patrullajes policiales preventivos a diario en las instalaciones de las unidades judiciales, fiscalías y delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
Además, la Policía Nacional ha “programado inspecciones técnicas en las dependencias judiciales para identificar las posibles amenazas, establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados”.
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