En Ecuador se aplicarán penas más severas para la extorsión, un delito que toma fuerza en la modalidad conocida popularmente como ‘vacuna’. Las nuevas reformas penales se publicarán en los próximos días en el Registro Oficial.
Con los cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena de cárcel pasará de 7 a 10 años para este delito. Además, se aplicará una multa de entre 40 y 80 salarios básicos unificados, lo que equivale en este 2023 a entre USD 18 000 y USD 36 000.
La pena y la multa tendrá agravantes cuando la extorsión se ejecute con amenaza de muerte, lesión o secuestro, cuando se produzca desde un centro penitenciario, desde el extranjero, o cuando sea parte del accionar de la delincuencia organizada.
Las penas que cambian
Esta modalidad extorsiva se ha vuelto más recurrente en Ecuador, pues con frecuencia comerciantes denuncian que son víctimas, de manera periódica o repetitiva, de personas sospechosas. Ellos les piden dinero a cambio de no robar sus negocios y no atentar contra su vida.
En Quito, hace una semana equipos de élite de la Policía capturaron a 13 personas presuntamente dedicadas a este delito.
El caso provocó en un cruce de acusaciones entre autoridades del Gobierno y la Función Judicial. Eso, después de que dos jueces dejaron en libertad a los sospechosos, a quienes les otorgaron medidas cautelares como no ausentarse del país, a pesar de que 12 de ellos eran ciudadanos extranjeros.
Las reformas al COIP también tipifican como un nuevo delito el reclutamiento de menores de edad para actividades delictivas. Este será sancionado con una pena de 13 a 16 años de cárcel.
Además, amplía la sanción para el prevaricato en el caso de los jueces que actúen contra la ley en sus fallos respecto a delitos contra la administración pública o beneficien a sospechosos. Enfrentarán una pena de 7 a 10 años de cárcel.
Ley aprobada
Las modificaciones legislativas son parte de la reforma a distintos cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Los cambios entrarán en vigencia en los próximos días, una vez que el Pleno resolvió la objeción parcial del Presidente de la República, Guillermo Lasso, el martes 7 de marzo pasado.
Esta Ley tiene por objetivo combatir con eficiencia la inseguridad que afecta al Ecuador, de manera articulada con otras normativas legales como la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, según la Asamblea.
Para ello modifica nueve leyes, como las de Seguridad Pública y del Estado, de Defensa Nacional, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley de Extinción de Dominio, Código de la Función Judicial, Ley del Servicio Público, Ley de Telecomunicaciones y Código de Entidades de Seguridad Ciudadana.
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