Diana Salazar, fiscal general del Estado, pidió la reducción de la pena al 10% para Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), procesado en el caso Independencia Judicial.
El pedido lo hizo la tarde de este martes 18 de junio de 2024, ante el juez de la Corte Nacional de Justicia, Julio Inga, en la audiencia de procedimiento abreviado, solicitado por el procesado, Xavier Muñoz.
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Xavier Muñoz, exvocal del CJ, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunta obstrucción de la justicia, mientras cumplía sus funciones, al frente del Consejo de la Judicatura.
Las razones de Diana Salazar para pedir la reducción de la pena
Diana Salazar, fiscal general del Estado, pidió al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Julio Inga, que se acepte la solicitud del procedimiento abreviado.
Al inicio de su intervención, Diana Salazar, sugirió la pena, por parte de la FGE, de 92 meses, es decir, 7 años y 8 meses de privación de la libertad.
Además, el pago de 24 salarios básico unificado, 11 040 dólares.
Pese a ello, tras presentar los 86 elementos de convicción para que se acepte el procedimiento abreviado, al final de su intervención, Diana Salazar pidió la reducción de la pena al 10%.
Los argumentos fueron la cooperación eficaz realizada por Xavier Muñoz.
En abril de 2024, Xavier Muñoz fue uno de dos procesados en este caso que dio testimonio anticipado ante la Corte Nacional de Justicia.
En el Código Orgánico Integral Penal (Coip), el delito de obstrucción de la justicia tiene una pena de entre 5 a 7 años que, con agravantes, puede llegar hasta los 10 años.
El Consejo de la Judicatura no estuvo de acuerdo y la CNJ suspendió la audiencia
El representante del Consejo de la Judicatura, presente en la audiencia, se opuso a la propuesta de la FGE sobre el procedimiento abreviado y a la reducción de la pena al 10%.
Diana Salazar pidió que se instale audiencia reserva.
El juez Julio Inga aceptó la petición de la FGE, por la cooperación eficaz que ha realizado el procesado Xavier Muñoz.
Julio Inga suspendió a la audiencia de procedimiento abreviado y se reinstalará el jueves 20 de junio a las 12:00.
La historia del caso Independencia Judicial
La FGE inició esta investigación en 2022, por el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José M. y Maribel B.; por la que, posteriormente, se solicitó fecha para la formulación de cargos ante la Corte Nacional de Justicia.
Luego del sorteo correspondiente, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló, debido a que un día antes (3 de mayo), Maribel B. presentó una demanda de recusación en su contra.
Sin embargo, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al mencionado Juez, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, a pesar de que –horas antes– la demanda de recusación fue rechazada.
El 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez Walter Macías, en el marco del denominado caso “Las Torres”.
Esto, por una supuesta infracción, al no haber informado al Presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa).
Además, de la emisión de la sentencia oral, cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.
El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como “infracción gravísima” y destituyó al juez Macías.
Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles –correspondientes a los vocales (5) que conforman el Pleno– en una sesión marcada por irregularidades.