Desaparecieron en centros estatales de salud y no hay rastros

Maribel Angulo tiene fotografías de su hijo, desaparecido en marzo del 2011, en el local de comidas que atiende

Maribel Angulo tiene fotografías de su hijo, desaparecido en marzo del 2011, en el local de comidas que atiende

Maribel Angulo tiene fotografías de su hijo, desaparecido en marzo del 2011, en el local de comidas que atiende. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En el local de comidas, Maribel Angulo escogió la pared de fondo y desplegó una pancarta. Allí está impreso el rostro de Álvaro Nazareno, su hijo desa­parecido hace nueve años.

“Ayúdanos a encontrarlo”, se lee en el cartel. “No me cansaré de buscarlo”, dice la mamá.

El jueves recordó que todo comenzó el 13 de marzo del 2011, cuando Álvaro tenía 23 años. Ese día, él fue trasladado a un hospital estatal de Quito, porque desde la noche anterior había presentado fiebre.

Dice que fue recibido en emergencias, que eran las 10:00 y que la última vez que lo vio fue cuando volteó la mirada antes de ir al laboratorio. Él se quedó sentado en una silla.

“Ahí había cuatro personas. Dejé la sangre de mi hijo para los exámenes que me pidieron, cogí un comprobante y bajé. Me demoré solo 15 minutos y cuando volví no lo encontré”. Maribel se queda en silencio.

Asegura que nadie sabía nada, ni la enfermera que minutos antes estaba con él, ni el guardia. “No entendemos qué pasó en solo minutos. Él estaba mal por su enfermedad (tenía VIH). Ese día no podía pararse solo. Su hermano y yo lo cargamos para llevarlo a emergencias”.

Tras buscarlo hasta la noche, la madre recuerda que llegó a la Policía Judicial para denunciar la desaparición. En el expediente legal consta que le indicaron que volviera tras 48 horas. Ella no se quedó tranquila. Imprimió y pegó afiches en los alrededores del hospital, pero no tiene noticias.

Hoy, su caso consta en un reporte que la Fundación Regional de Asesoría para Derechos Humanos (Inredh) presentó en la Corte Interamericana de DD.HH. (Corte-IDH).

En ese documento se recogieron datos entregados por la Fiscalía. Ahí constan 334 denuncias realizadas por los familiares de personas desaparecidas entre 1973 y el 2020 en hospitales, centros de salud, farmacias y laboratorios.

La Corte-IDH escuchó que 24 personas continúan desa­parecidas. Es el caso de Luis Eduardo Guachalá, quien no ha vuelto a casa desde el 2004.

Los jueces también escucharon que 310 ya han sido “localizadas”, pero que las autoridades no han aclarado si se las halló con vida o no.

Guillermo Sarzosa cuenta que la última vez que un familiar vio a su padre fue al ingreso de una casa de salud en Ibarra; un año y un mes después, lo encontraron en una morgue.

Él dice que su papá fue ingresado en junio del 2013 en la casa de salud. La familia desconocía el paradero del señor.

Guillermo ha recopilado documentos durante estos siete años. Dice que su padre fue llevado a un hospital público en Quito y en la hoja de su traslado constaba su nombre. “No llamaron a la familia, ni siquiera cuando murió el 1 de julio”.

En el 2014, un agente recién lo contactó para que hiciera el reconocimiento de un cadáver en la morgue. Lo identificó por un tatuaje. Guillermo dice el cuerpo incluso tenía una manilla con sus nombres.

Quito concentra el mayor número de desapariciones en dependencias estatales de salud. Están registradas 98. Le sigue Guayaquil con 62. El resto se registra en 12 provincias.

El hermano de Rosa Witt es parte de esas cifras. Ella se alista para que el expediente pase a organismos internacionales. Desde el 14 de octubre de 1999 no encuentra a su familiar, que estaba internado en el mismo sitio en el que se perdió la pista de Guachalá.

“Son 21 años de sufrimiento. Soy la única hermana que queda y voy a continuar buscándolo hasta que aparezca”.

Ella llevará este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como desa­parición forzada. Esa figura legal está tipificada en el Art. 84 del Código Penal vigente y sanciona con hasta 26 años al “agente estatal” que prive de la libertad a otra persona o no informe sobre su paradero.

Dice que cuando presentó la denuncia, en 1999, no se investigó, y que su caso recién se reactivó en el 2013, pero que las investigaciones se iniciaron desde cero. “Cómo van a encontrar pruebas, evidencias o testimonios dos décadas después de lo sucedido”.