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Juez de la Corte ordena la prisión de asambleísta Daniel Mendoza y del Director del Secob; se indagaron chats

El parlamentario Daniel Mendoza aparece custodiado de dos agentes de la Policía.

El parlamentario Daniel Mendoza aparece custodiado de dos agentes de la Policía.

El asambleísta Daniel Mendoza (Alianza País-Aliados) aparece custodiado por dos agentes de la Policía, tras su detención el viernes 5 de junio del 2020. Foto: Fiscalía

Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País-Aliados, será trasladado a una cárcel por el presunto delito de delincuencia organizada. Antes de la medianoche del viernes 5 de junio del 2020 el juez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia, acogió el pedido planteado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez.

La investigación de la Fiscalía también involucra a otras cinco personas, entre ellas el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva.

En la audiencia de formulación de cargos, que se instaló pasadas las 19:00 del viernes 5 de junio en la Sala de Audiencias de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, la Fiscal General del Estado formuló cargos contra Mendoza, Tamayo y los otros sospechosos porque formarían “parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales”. 

La fiscal Diana Salazar presentó 15 elementos de convicción por la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada. Aseguró que el asambleísta manabita Daniel Mendoza, valiéndose de su cargo, habría coordinado acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, mismas que incluyeron la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Salazar afirmó que en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí, firma a la que se le adjudicó la construcción de la casa de salud en el 2019, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Mendoza. Las acciones se realizaron de manera reiterada y planificada, sostuvo la Fiscal ante el Juez.

Chats investigados por el caso Mendoza

La Fiscalía solicitó al juez Marco Rodríguez la prisión preventiva para Daniel Isaac Mendoza Arévalo, Edmundo René Tamayo Silva, Jennifer C., Tania S. y Ángel A. Mientras que para Olga M., quien -según la Fiscalía- fue la encargada de realizar los pagos en el Consorcio, pidió arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

En la audiencia, la fiscal Diana Salazar, presentó peritajes de intercambios de chats. En conversaciones, dijo la funcionaria, dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta Mendoza.

El análisis de escuchas telefónicas “detalla la manera en la que se concertaban entregas de cheques y dinero”, aseguró la Fiscalía en la audiencia, a la cual concurrieron los procesados.

En la Corte también se presentó el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal en la construcción del Hospital de Pedernales. Allí se detalla una inobservancia del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

El juez Marco Rodríguez acogió el pedido de la Fiscal y señaló el inicio de la instrucción fiscal por 90 días; ordenó la prisión de cinco de los procesados y el arresto domiciliario de una de las investigadas. Asimismo, se dispuso la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por el valor de USD 8 millones, equivalentes al anticipo de la obra.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, durante la audiencia de formulación de cargos del viernes 5 de junio del 2020. Foto: Twitter / Corte Nacional

Un delito castigado con reclusión

La indagación arrancó en marzo del 2020 y se ejecutó en reserva. La Fiscalía rastreaba una supuesta red de corrupción que se habría articulado alrededor del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales. El 14 de mayo fue la primera incursión policial en Manabí. Ese día fue detenido Jean B., asesor del asambleísta Daniel Mendoza (AP-Aliados), quien en cambio fue capturado la madrugada del viernes 5 de junio. 

La Fiscalía lo señala por el delito de delincuencia organizada, una figura penal que es sancionada con cárcel de siete a 10 años (artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal).

La aparente vinculación de Mendoza con esta red se explica en un parte elaborado por las unidades de Inteligencia Antidelincuencial y de Lavado de Activos de la Policía.

“Se desarticuló una presunta organización delictiva integrada por el ciudadano Daniel Mendoza, quien conjuntamente con su círculo laboral y otros se habrían beneficiado ilícitamente de los fondos asignados al Consorcio Pedernales-Manabí, para el cumplimiento del contrato de construcción del Hospital de Pedernales”, señala el documento, que ahora está judicializado y es parte del expediente.

El monto que se habría desviado es de USD 7,3 millones y era parte del anticipo de USD 8,2 millones que el 3 marzo el Servicio de Contratación de Obras (Secob) entregó al Consorcio para que el constructor comenzara la edificación.

USD 1,6 millones del dinero público, que además provenía de la cuenta para la reconstrucción de Manabí, fueron encontrados en poder del asesor de Mendoza y de otras ocho personas que fueron detenidas en mayo. Entre estas aparece el representante del Consorcio Pedernales-Manabí. Todos fueron acusados.

Ahora, las nuevas investigaciones establecen que dicho Consorcio recibió el contrato gracias a “procedimientos irregulares” ejecutados por funcionarios del Secob.

El titular de esta institución, Edmundo René Tamayo Silva, también fue detenido la madrugada del 5 de junio, y con él, otros colaboradores de menor rango.


Los hallazgos de la Contraloría 

La Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad en el proceso de licitación del hospital. Los auditores hallaron que los funcionarios validaron la experiencia de la constructora “sobre la base de documentos inválidos”.

Asimismo, se desestimaron las propuestas de empresas extranjeras, “sin motivos”. Los funcionarios habrían configurado el escenario para que el Consorcio Pedernales-Manabí resulte ganador, indicaron agentes que investigan el caso.

Cuando se produjo la detención de su asesor legislativo, Mendoza se pronunció a través de Twitter. Calificó de “insinuaciones malintencionadas” las vinculaciones hacia él. “Pido a las autoridades de la justicia ecuatoriana que actúen con celeridad e independencia, para que se aclare lo ocurrido”, dijo en su red social.

En ese primer operativo, la Policía encontró evidencia que ya lo apuntaba. Por ejemplo, al asesor se le incautó de una libreta con notas a mano en donde había apuntado frases como: “Trabajo político. Campaña DM. Contratistas y campaña Mejor. Navidad Mejor”. También había anotaciones sobre montos de dinero.

‘Mejor’ es el nombre del movimiento político fundado por Mendoza y del que también es parte su asesor. Por eso, entre las evidencias levantadas por Criminalística constan fichas de afiliación y formularios de inscripción al partido y certificados de la Escuela de Liderazgo Mejor. Los agentes no descartan que parte del dinero derivado del hospital haya servido para sostener las actividades políticas.

Otras investigaciones en curso

La Fiscalía y agentes de la Policía indagan otros hechos, como el proceso contractual del Hospital de Bahía de Caráquez, también en la provincia de Manabí.

Pero no es lo único que se investiga. Indicios recogidos en los allanamientos develan nuevas pistas: sellos de instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Secob-Manabí; armas de fuego; chalecos antibalas; documentos, y dispositivos electrónicos.

Este Diario se contactó con la abogada del asambleísta Daniel Mendoza, pero no respondió. 

El bloque legislativo de Alianza País-Aliados, en cambio, aseguró en un comunicado que su postura será “incondicional de combatir todo acto de corrupción y delitos contra la administración pública por lo que ninguna persona está por encima de la Ley”.

En contexto

La construcción del Hospital de Pedernales fue un ofrecimiento del anterior Gobierno, como parte de un programa de reconstrucción de Manabí. La Contraloría halló indicios penales en la primera adjudicación, que se echó abajo en el 2019.

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