¿Cuál es el plan del Municipio respecto a la insegur…
Ecuatorianos viajan a Perú y Brasil para llegar a EE…
La CAF desnuda cuatro problemas del IESS que afectar…
Comisiones de Fiscalización y Garantías Constitucion…
La contención del covid-19 en barrios de Guayaquil s…
Daniela Valarezo: ‘En 19 meses vamos a ordenar…
Testimonio de Maribel Angulo: ‘Lo dejé en un h…
Miles de salvadoreños marchan contra Bukele cuando s…

El cuidado de la salud mental de los presos es deficiente

Uniformados custodian el perímetro e ingreso al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Uniformados custodian el perímetro e ingreso al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Uniformados custodian el perímetro e ingreso al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Ansiedad, estrés, depresión y psicosis. Estas son las patologías más comunes que los presos padecen en las cárceles. La información la tienen los psicólogos que trabajan con esos grupos. Ellos dicen que el encierro o las amenazas constantes inciden en el deterioro de la salud mental, que deben atenderlos permanentemente, pero que no se alcanzan.

El Servicio de Rehabilitación (Snai), la entidad que maneja las penitenciarías, corrobora este dato. Los 63 psicólogos, que prestan sus servicios en los 54 reclusorios en el país, deben atender a 39 000 internos.

La autoridad carcelaria reconoce que en los últimos cuatro años se ha despedido a especialistas en salud mental y que el presupuesto para tratar a los internos disminuyó, aunque no se precisa el monto.

En informes de la Defensoría del Pueblo también se advierten problemas para atender la salud mental de los reos. Un documento publicado en el 2020 indica que “el número de personal es insuficiente” y que tampoco existen “las condiciones de seguridad y privacidad necesarias” para las terapias.

Esas son observaciones realizadas tras una visita a la Penitenciaría del Litoral.

En cambio, en Turi (Cuenca) se detectó que tras amotinamientos realizados ese año, los detenidos destrozaron los consultorios. Entonces se improvisaron espacios para las terapias.

En El Rodeo (Manabí) se registró la falta de medicamentos para pacientes psiquiátricos; “no se contaba con un programa permanente para el tratamiento de adicciones”. Defensoría dice que los problemas persisten en varios centros.

En las investigaciones para determinar qué sucedió en la última masacre existe información de que al interior de los pabellones se encontraban personas con comportamientos agresivos o autodestructivos, trastornos de personalidad, alucinaciones, esquizofrenia e “insensibilidad al dolor ajeno”.

En siete videos difundidos el pasado 27 de febrero, cuando se registró la matanza, se observaron ejecuciones con cuchillos y palos, desmembramientos, apuñalamientos, decapitaciones e incineración de cuerpos.

El año anterior también circu­laron videos de ejecuciones de reos, y a quienes los grabaron se les escuchaba reír. La autoridad carcelaria dice que desde julio del 2020 hay una reorganización en las prisiones.

Agrega que hoy se toma en cuenta el diagnóstico mental para asignar un pabellón y celda. La idea es que personas consideradas peligrosas no compartan espacio con otras que puedan ser vulnerables.

Información oficial señala que tras los sucesos del martes 23 de febrero, el trabajo de los psicólogos se intensificó en las tres cárceles regionales: Turi (Cuenca), Guayas y Cotopaxi. Las autoridades indicaron que también aumentaron las consultas con equipos psicológicos del IESS y del Ministerio de Salud, ­para que traten a internos con estrés postraumático y a familiares de las víctimas.

La Policía tiene información de que las “manifestaciones de odio, venganza y crueldad” que se observaron durante la jornada del martes van más allá de “ajuste de cuentas” o mensajes dirigidos a organizaciones criminales rivales.

Patricio Carrillo, comandante de la Policía, señala que los ataques fueron evidencia de las fallas en la salud mental del sistema. Para los psicólogos que trabajan con los presos, es importante tener un seguimiento e inserción social.

En el 2015 se hablaba de una red de apoyo para que médicos, psicólogos y trabajadores sociales atiendan dentro de las cárceles y hagan un registro de cada uno de los internos. En ese entonces, el presupuesto que manejaba el extinto Ministerio de Justicia era de USD 160 millones. Sin embargo, hoy es de USD 98 millones.

El Snai advierte que trabaja en prevención de adicción a estupefacientes en las cárceles. Este año se inauguró un espacio especial en Azogues para atender estos casos. La entidad busca bajar la violencia intracarcelaria. Se creó el proyecto Centinela, que consiste en que psicólogos identifiquen a internos con depresión.

En contexto

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el hacinamiento penitenciario impacta en la calidad de vida, el bienestar físico y mental de los privados de libertad; esto genera tensión y violencia en los centros carcelarios.

Suplementos digitales