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La crisis en las cárceles desnuda la falta de un plan estatal

Nuevos operativos policiales y militares se ejecutaron en la Penitenciaría del Litoral para decomisar objetos prohibidos como armas, explosivos, balas, celulares y drogas. Foto: EL COMERCIO

Cada estado de excepción o de emergencia llegó luego de asesinatos en las prisiones. El sistema de rehabilitación social ha permanecido 300 días bajo figuras excepcionales desde mayo del 2019, cuando el presidente de entonces, Lenín Moreno, hizo uso por primera vez de este recurso legal.

Con esas declaratorias, los gobiernos también han dispuesto la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía, han ordenado la entrega de recursos económicos y la implementación de estrategias para retomar el control de las cárceles y reducir la violencia.

Tras la mayor matanza en las prisiones, registrada el martes último, el presidente Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 210 en el que ordenó el estado de excepción por dos meses. De cumplirse el plazo, serán 360 días en los que rehabilitación haya pasado bajo este régimen.

La Corte Constitucional (CC) ya advirtió, en marzo pasado, que existe una “débil institucionalidad del sistema de rehabilitación social”. En un documento llamó la atención al Ejecutivo para que remita un plan de acción a “mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario” y así evitar recurrir a estados de excepción o de emergencia.

Ayer 1 de octubre del 2021, los magistrados emitieron un seguimiento a sus resoluciones en las que ordenaban una serie de medidas al Gobierno. Así, la CC declaró el cumplimiento defectuoso de las medidas para “el diseño de política pública con enfoque de derechos humanos” en materia de rehabilitación.

Especialistas indican que el Estado no ha sido capaz de crear un proyecto a largo plazo para mejorar el sistema. Carlos Montenegro, experto en derechos humanos, indicó que tampoco se ha tramitado leyes en la Asamblea para resolver “problemas reiterativos”.

El plan para enfrentar la crisis contiene 45 hojas. Las fotocopias están en medio de una portada de plástico transparente y contraportada negra. Se trata del “plan confeccionado por el Gobierno”, indicó el titular de Servicio de Rehabilitación Social (SNAI), Bolívar Proaño. Él levantó ese cuadernillo con su mano izquierda mientras detallaba ayer los próximos pasos a seguir para solventar la emergencia: indulto a 2 000 presos con enfermedades terminales, de la tercera edad y con discapacidad y la adecuación de espacios para disminuir el hacinamiento.

Por el momento, la prioridad la tiene el complejo penitenciario de Guayaquil. Se prevé invertir cerca de USD 12 millones para mejorar y ampliar la infraestructura en los próximos años. Hasta diciembre se planificó la entrega de entre USD 3 y 5 millones.

La estrategia además busca reducir costos en la formación de guías. En el anillado se indica la necesidad de permitir que los jóvenes que hagan el servicio militar voluntario se incorporen al cuerpo de agentes penitenciarios. Para su adiestramiento, se realizará un convenio con las Fuerzas Armadas y la Universidad Espe. El acuerdo todavía no ha sido suscrito.

Este Diario buscó acceder al documento íntegro, pero desde el SNAI indicaron que hay “contenido reservado”.

El plan fue realizado por el anterior director, Fausto Cobo. Durante los dos meses que duró su gestión, el coronel en servicio pasivo levantó información para hacer un diagnóstico y proponer soluciones. Incluso trajo al experto en cárceles, de origen estadounidense, Shannon McReynolds para que haga un informe de las tres penitenciarías regionales.

Montenegro indica que la falta de continuidad en las políticas contribuyen al “desastre penitenciario”. Lo dijo porque en mayo último ya se creó la Política Nacional de Rehabilitación. Ayer, la CC pidió que ese documento sea incluido como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

Pero desde el SNAI indicaron que las directrices que serán aplicadas son las de Cobo.

La inestabilidad de las autoridades es otro problema. En cuatro meses de Gobierno han pasado tres directores del Servicio de Rehabilitación.

Además, el Presidente recién nombró ayer a una persona para que presida el Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, a cargo de las políticas públicas del sector. Se trata de la titular de la Secretaría de DD.HH., Dora Ordóñez. La última reunión del Directorio fue en mayo.

Mientras esto se discute en Carondelet, en los exteriores de la morgue y en el coliseo Albert Jiménez Parra, en Guayaquil, se vivieron nuevas escenas de dolor. Hasta este punto acudieron decenas de familiares de presos para preguntar si estaban en el listado de muertos o heridos. El Gobierno dijo que entregaría una lista depurada a los medios de comunicación para su publicación.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que el Municipio de Guayaquil entregará nichos para que las víctimas sean enterradas.

Hasta ayer, se identificó a 58 cuerpos. 21 fueron entregados a sus familiares durante la mañana. También se reforzó la seguridad en todas las cárceles con 3 600 efectivos de la Policía y los militares. Hubo nuevas requisas de armas, explosivos, municiones y celulares.

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