Glosa por USD 18 millones a exfuncionarios del Biess

Exfuncionarios del Biess no ejecutaron las acciones de una póliza con Seguros Sucre. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Contraloría General del Estado (CGE) determinó una glosa por más de USD 18 millones a exfuncionarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). La sanción se da por no reclamar una póliza a Seguros Sucre, que resguardaba las operaciones crediticias en caso de desempleo de los asegurados.

En un comunicado emitido este viernes 4 de marzo del 2022, Contraloría explica que el Biess y Seguros Sucre suscribieron una "póliza de seguro de vida en grupo". Allí constaba la cobertura de desempleo de los afiliados que recibieron préstamos hipotecarios en caso de quedar cesantes.

Responsabilidad civil

El Biess, asegura Contraloría, no realizó las acciones correspondientes dentro de los plazos establecidos para que Seguros Sucre ejecute la cobertura. Sí lo hizo después de que la póliza había prescrito. Esto provocó una afectación económica a la entidad por el valor de la responsabilidad civil culposa confirmada.

"La glosa corresponde a 3 894 préstamos hipotecarios por USD 7 221 929 54 y otras 6 760 operaciones crediticias, que ascienden a USD 10 783 792 60; casos en los que no se presentaron los reclamos ante la aseguradora para recuperar estos valores en favor del Biess", indica el documento.

Por esta razón, en una resolución de Contraloría se ratifican las glosas. También dispone la emisión y el inicio del proceso de recaudación de títulos de crédito a ex gerentes generales, gerentes encargados, gerentes y subgerentes de crédito y de operaciones del Biess, que ejercieron funciones entre 2016 y 2018.

Para la Contraloría, los funcionarios citados "no implementaron controles en procesos críticos para la mitigación de riesgos en operaciones crediticias".

Procedimiento

La Contraloría hace una inspección de los dineros públicos, a través de estudios localizados. Primero establece predeterminaciones que son impugnadas por los funcionarios públicos. Luego se establecen sanciones administrativas, y de ser el caso civiles (devolución de fondos) o penales (si ha existido presunción de delitos, en cuyo caso, se abre un proceso de investigación en la Fiscalía).

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