Katy Pozo acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia, pero no lo logró. “Uno no sale por gusto en medio de la pandemia; lo hace porque quiere ayuda de la justicia y no la encuentra”. Foto: Sara Ortiz / EL COMERCIO
Detrás de las rejas metálicas aparece un cartel amarillento pegado sobre los vidrios opacos. “Estimados usuarios, comunicamos que el servicio de atención al público se encuentra suspendido hasta una nueva disposición”, dice el mensaje, que se exhibe en las oficinas de la Fiscalía-Quito.
Las puertas de esta entidad están cerradas desde el inicio de la pandemia, para evitar la propagación del covid-19. No hay fecha para su reapertura.
Quienes llegan al lugar aseguran que no pueden denunciar, presentar escritos, pedir diligencias e impulsar sus casos que están en investigación.
Christian Pazmiño trae una carpeta amarilla llena de documentos. “A mí me pusieron una denuncia por violencia psicológica. Sé que soy inocente y traje unos papeles que demuestran que el día en que supuestamente le agredí a mi expareja estuve en el trabajo”.
Pazmiño quería entregar esas pruebas a la fiscal que lleva su caso y pedirle que se tomen las versiones de unos familiares. “Lo terrible es que la próxima semana termina el plazo de la investigación”.
Mientras él se queja, a la Fiscalía llega Katy Pozo, de 22 años. Se acerca a la puerta de cristal y a través de las rejas metálicas toma nota de ‘e-mails’ y números telefónicos, que por ahora son las únicas vías para pedir información. “Quería presentar una denuncia en contra de la exsuegra de mi hermana. Me amenazó y todo el tiempo me acosa”.
A través de los carteles colgados supo que la Fiscalía, por ahora, no recepta este tipo de denuncias y que debe ir a la Policía Judicial, ubicada en el sector de la Jipijapa, en el norte. “Ya vengo de la Fiscalía de Quitumbe (sur) y está cerrada. Me dicen que vaya a la Fiscalía General (centro-norte) y nada. Luego caminé a Flagrancia (centro-norte) y allí tampoco me pueden atender, porque en mi caso no hay detenidos”.
La Fiscalía señala que antes de la emergencia, en el país se recibían unas 6 560 denuncias cada semana. Ahora se receptan 3 207, pues en otras ciudades las oficinas sí están abiertas.
En el caso de delitos de mayor connotación, como robos de personas, casas, vehículos, etc., la reducción de las denuncias es del 61%.
Paúl Cáceres buscó hacer un trámite en la Fiscalía. “No somos dos o tres, somos cientos de personas que todos los días buscamos atención de la Fiscalía”. Foto: Sara Ortiz / EL COMERCIO
En Quito, la Fiscalía tiene dos ventanillas virtuales para presentar denuncias. Pero solo sirven para delitos contra turistas y violencia de género. En cambio, el Consejo de la Judicatura cuenta con un formulario en línea para reportar la pérdida o robo de documentos.
“Señor, ya intenté presentar la denuncia en Flagrancia, pero me dicen que venga acá”, repite Rodrigo Córdova, de 35 años, mientras habla con un funcionario de la Fiscalía a través de un citófono.
Si bien las puertas están cerradas y no hay atención al público, adentro de los edificios trabajan fiscales y asistentes. “Debe tener cita para entrar”, replica una voz que se oye a través del intercomunicador.
Córdova cuenta que la semana pasada compró un celular a través de un portal. Pagó USD 210 por medio de una transferencia, pero cuando debía recibir el aparato, este no llegó y el vendedor lo bloqueó del portal.
Vestido con traje de bioseguridad, Córdova fue a la Policía Judicial. Allí se entregan 170 turnos al día para denuncias que no son no flagrantes, es decir, cuando no hay detenidos.
Antes se atendían, en promedio, de 60 a 80 casos.
En los carteles colgados en las oficinas de Quito se habla de otras vías para la atención. Por ejemplo, hay ventanillas para recepción de escritos y envío de correspondencia. Además, en la página web de la entidad existe un “canal de contacto ciudadano”, que al día recibe entre 40 y 60 pedidos de información.
A la Fiscalía también llegó Paúl Cáceres. Asegura que hace tres meses intenta liberar un carro que estuvo retenido, pero no ha podido. “No somos dos o tres, somos cientos de personas que todos los días buscamos atención de la Fiscalía y no se la encuentra”, dice.
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