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En el caso Triple A, la Fiscalía pidió este sábado 21 de junio de 2025 llamar a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y otros, por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
La Fiscalía concluyó con su dictamen acusatorio en el caso Triple A y solicitó que las 16 personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis jurídicas procesadas sean llamadas a juicio.
El delito que Fiscalía investiga en este caso es almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
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Con la presentación del dictamen acusatorio concluyó el quinto día de audiencia.
El Juez dispuso que la reinstalación de sea mañana, domingo 22 de junio, a las 09:00, para la presentación del anuncio de la prueba por parte de la Fiscalía.
En el caso Triple A, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó más de 250 elementos de convicción.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinadora Zonal de Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
En este documento se puso en conocimiento la existencia de discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.
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Con base en las pericias anunciadas, se determinó que el presunto delito investigado se habría cometido en alta escala.
Además, que existiría un perjuicio económico aproximado de 61 502 658,39 dólares, correspondiente a 22 777 191,80 galones de combustible, entre diésel y gasolina.
La información obtenida reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras.
Así, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado.
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La Fiscalía señaló que se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotor no podían adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos.
Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías.
Los elementos de convicción presentados evidencian que las empresas comercializadoras y sus representantes legales tenían la obligación de verificar que los distribuidores autorizados no desviaran el combustible subsidiado, entregado por Petroecuador hacia segmentos no autorizados, dijo la Fiscalía.
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En tanto, los informes periciales establecen también irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minería ilegal.
En algunos casos, se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo, volumen incompatible con su capacidad operativa.