El juez anticorrupción Renán Andrade reinstaló la mañana de este viernes 20 de junio de 2025 la audiencia preparatoria de juicio por el caso Triple A. En esta causa penal se procesa a 22 personas naturales y jurídicas por su presunta participación en delitos relacionados con el manejo ilegal de derivados de petróleo.
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La diligencia se retomó después de una suspensión decretada el sábado 14 de junio, tras dos jornadas continuas. Pasadas las 09:30, el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Leonardo Alarcón, inició la presentación del dictamen acusatorio con los primeros elementos de convicción.
La Fiscalía señala a autores y coautores del presunto delito en el caso Triple A
Alarcón señaló como autores directos del delito a diez personas naturales y a seis empresas, mientras que otros seis implicados fueron acusados como coautores. Entre los señalados aparece Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, quien acudió de forma presencial a las jornadas previas realizadas en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
Durante esas sesiones, Alvarez rechazó públicamente los señalamientos en su contra. Para la audiencia de este viernes, ni él ni su abogado, Ramiro García Falconí, asistieron al recinto judicial.
En esta fase, el fiscal expuso además los elementos que respaldan su acusación contra otros procesados, entre ellos Juan A., señalado como autor del delito investigado. La lista incluye también a Fernando V., Ricardo José C. A., Carolina T., Jessenia V., Lady C., José F. M. y Raúl Arnoldo Z. A.
El proceso avanza hacia la posible audiencia de juzgamiento en el caso Triple A
El juez Renán Andrade analizará los argumentos expuestos por la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y Petroecuador. Con base en esos elementos, decidirá si los 22 procesados deben enfrentar un juicio.
Posteriormente, los abogados de los procesados tendrán la oportunidad de responder al dictamen fiscal y anunciar la prueba que usarán en su defensa.
El caso Triple A se originó a partir de una investigación sobre posibles irregularidades en la comercialización de derivados de petróleo, especialmente diésel subsidiado.
Según la Fiscalía, parte del combustible fue desviado a zonas mineras fronterizas o sectores económicos que no califican para ese subsidio, lo que habría generado un perjuicio para el Estado.
La instrucción fiscal se abrió el 16 de diciembre de 2024 y concluyó el 10 de mayo de 2025. Durante ese periodo se vincularon a más procesados, incluyendo a Alvarez y a la empresa Harsajudi S. A. Las otras compañías investigadas son Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.
