En el caso Triple A, la FiscalÃa pidió este sábado 21 de junio de 2025 llamar a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y otros, por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
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La FiscalÃa pidió llamar a juicio a Aquiles Alvarez y otros en el caso Triple A
La FiscalÃa concluyó con su dictamen acusatorio en el caso Triple A y solicitó que las 16 personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis jurÃdicas procesadas sean llamadas a juicio.
El delito que FiscalÃa investiga en este caso es almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
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Con la presentación del dictamen acusatorio concluyó el quinto dÃa de audiencia.
El Juez dispuso que la reinstalación de sea mañana, domingo 22 de junio, a las 09:00, para la presentación del anuncio de la prueba por parte de la FiscalÃa.
La acusación de la FiscalÃa en el caso Triple A, al que está vinculado Aquiles Alvarez
En el caso Triple A, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó más de 250 elementos de convicción.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinadora Zonal de Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
En este documento se puso en conocimiento la existencia de discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.
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Perjuicio económico
Con base en las pericias anunciadas, se determinó que el presunto delito investigado se habrÃa cometido en alta escala.
Además, que existirÃa un perjuicio económico aproximado de 61 502 658,39 dólares, correspondiente a 22 777 191,80 galones de combustible, entre diésel y gasolina.
La información obtenida reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras.
AsÃ, no existirÃa el espacio fÃsico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado.
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Transacciones no autorizadas
La FiscalÃa señaló que se habrÃan hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotor no podÃan adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos.
Esta irregularidad serÃa responsabilidad directa de los representantes legales de las compañÃas.
Los elementos de convicción presentados evidencian que las empresas comercializadoras y sus representantes legales tenÃan la obligación de verificar que los distribuidores autorizados no desviaran el combustible subsidiado, entregado por Petroecuador hacia segmentos no autorizados, dijo la FiscalÃa.
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En tanto, los informes periciales establecen también irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minerÃa ilegal.
En algunos casos, se habrÃa registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehÃculo, volumen incompatible con su capacidad operativa.
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