La Corte Nacional de Justicia dio inicio al juicio por el supuesto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. El exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario técnico Carlos Bernal son los principales procesados.
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Ambos habrían participado en el uso indebido de fondos públicos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
La audiencia comenzó a las 09:10 de este martes 17 de junio de 2025, en la sala ubicada en el octavo piso del edificio judicial, en el norte de Quito. Esta diligencia había sido diferida el 6 de junio, debido a que estaba pendiente un informe psiquiátrico sobre Glas.
Seguridad reforzada y presencia de Jorge Glas
Desde tempranas horas de la mañana, los exteriores de la Corte Nacional estuvieron resguardados por un operativo policial especial.
También se desplegaron equipos médicos, a pedido del Tribunal, ante cualquier eventualidad de salud que pudiera presentarse durante la diligencia.
Glas llegó alrededor de las 08:00, acompañado de familiares y simpatizantes.
El 11 de junio, la perito Ángela Salazar entregó su evaluación. Según el informe, Jorge Glas presenta un cuadro de depresión grave y alto riesgo suicida, pero sus capacidades cognitivas se mantienen dentro de parámetros normales.
Además, la especialista identificó un diagnóstico de simulación consciente, lo que implica que el exfuncionario habría fingido síntomas.
Con base en esos hallazgos, la pericia recomendó que Glas permanezca en el Centro de Privación de Libertad La Roca, en Guayaquil, y que comparezca al juicio. La Fiscalía incorporó este informe al expediente y lo presentó como argumento para continuar con el proceso.
La defensa de Glas, liderada por el abogado Andrés Villegas, cuestionó la validez del documento y pidió una nueva valoración médica, así como la comparecencia de la perito como testigo. Sin embargo, la jueza Mercedes Caicedo rechazó esa solicitud, al constatar que no fue ingresada por los canales formales.
Fiscalía sostiene que Glas y Bernal desviaron fondos de la reconstrucción
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, abrió la etapa de alegatos recordando que el terremoto del 16 de abril de 2016 devastó a Manabí y obligó al país a destinar recursos urgentes para su recuperación.
Según Toainga, ese esfuerzo ciudadano fue desviado por Jorge Glas y Carlos Bernal, quienes habrían abusado de los fondos públicos asignados a la reconstrucción.
En su intervención, la Fiscalía señaló que ambos procesados impulsaron obras como la vía Manta-Colisa y el Parque Las Vegas, que no eran prioritarias ni tenían relación directa con los efectos del sismo.
Toainga aseguró que esos proyectos no justificaban financiamiento emergente y que su ejecución provocó un perjuicio superior a 225 millones de dólares. Por ello, solicitó al Tribunal que los declare responsables del delito de peculado.
Defensa rechaza acusaciones y pide nulidad del proceso
El abogado, Andrés Villegas, defensor de Jorge Glas, calificó el proceso penal como una “patraña” y aseguró que su cliente no tenía facultades para priorizar proyectos ni suscribir contratos.
Sostuvo que los contratos cuestionados ya estaban firmados cuando se definieron las prioridades y negó que Glas y Carlos Bernal hayan actuado sin respaldo del Comité de la Reconstrucción. Afirmó que los proyectos sí respondían a criterios de urgencia tras el terremoto de 2016.
Primeros testigos detallan contratos y prioridades cuestionadas
Luego de los alegatos iniciales, la Fiscalía inició la presentación de sus testigos. Byron P., exfuncionario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, fue el primero en declarar.
Explicó cómo esa institución investigó el destino de los recursos de la Ley de Solidaridad y reveló que al menos 165 millones dólares fueron entregados a Concrenor, empresa vinculada a la familia de Carlos Bernal, uno de los procesados. El Cpccs actúa también como acusación particular en este proceso.
El segundo testimonio fue de Néstor A., exalcalde de Pedernales, quien describió cómo el Comité de Reconstrucción desestimó proyectos urgentes planteados por las autoridades locales.
Según Néstor A., se pidió priorizar obras como agua potable, escuelas y regeneración urbana, pero se ejecutaron otros proyectos como una facilidad pesquera en Cojimíes. Afirmó que, hasta hoy, hay estudiantes que siguen recibiendo clases en escuelas móviles.
