Tras salir de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde pagó la mayor parte de su condena, Ricardo Rivera deberá cumplir en libertad una serie de requisitos que le impuso el juez y una parte de su sentencia que se refiere a una reparación económica para enmendar al Estado el perjuicio cometido por su accionar.
Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado al esquema de sobornos que la constructora brasileña Norberto Odebrecht aplicó en Ecuador para conseguir obras durante el gobierno de Rafael Correa.
Este ingeniero en telecomunicaciones fue sentenciado junto a Glas y otras seis personas. Sin embargo, de los ocho condenados, solamente el exvicepresidente se encuentra detenido.
Carlos Villamarín obtuvo su prelibertad en febrero de este año, Edgar Arias falleció en abril del 2020 por covid-19, mientras que, en el caso de Ramiro Carrillo, la justicia considera que no ha comenzado a cumplir su sentencia.
Otros de los sentenciados fueron Gustavo Massuh, José Terán y Kepler Verduga, quienes están libres tras cumplir su sentencia de 14 meses.
Rivera obtuvo la prelibertad tras haber cumplido más del 60% de su condena por el caso Odebrecht, que sacudió al mundo cuando la constructora, tras lograr un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, confesó que pagó USD 788 millones en sobornos en América Latina y África.
En lo que se refiere a Ecuador, los documentos entregados a la justicia estadounidense evidenciaron que la constructora desembolsó en Ecuador USD 33,5 millones, entre 2007 y 2016, para beneficiarse de contratos.
Precisamente un monto similar es el que consta en la sentencia que se dictó a los ocho involucrados en la asociación ilícita.
En el documento, que incluye el pago de USD 33,3 millones por parte de los condenados y el comiso de las acciones, participaciones y demás derechos que tengan los sentenciados en las personas jurídicas que sirvieron para la consumación del delito.
“Eso aún se encuentra en trámite de ejecución ante la Corte Nacional de Justicia”, señaló su abogado, Aníbal Quinde.
El beneficio de la prelibertad es solamente para el tema de la privación de libertad, no toca el tema de sanciones económicas que haya dictado un tribunal.
Aparte del tema económico, Rivera debe cumplir los requisitos que le impuso el juez Luis Jiménez Velema, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, que firmó su prelibertad.
La prelibertad es un beneficio que se otorga a las personas privadas de la libertad que han cumplido la mayor parte de su condena y que han mostrado una buena conducta. En caso de incumplir con cualquiera de los requisitos fijados por el juez, la persona deberá volver inmediatamente a un centro de detención.
En el caso de Rivera, no podrá salir del país de ninguna forma. Esta prohibición es irrevocable. Para monitorear su ubicación deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica, el que no podrá retirarse nunca.
Podrá transitar dentro de la provincia del Guayas, donde Rivera fijó su domicilio. Solamente puede trasladarse a Quito para cumplir diligencias judiciales. En caso de necesitar ir a otra zona del país, puede hacerlo solamente con la autorización del juez.
Es obligatoria la presentación de Rivera en la Fiscalía cada mes, el día 20. Esta medida debe realizarse hasta que se cumpla el tiempo total de su condena, además deberá asistir a una unidad de reinserción social una vez a la semana para realizar actividades laborales, sociales y comunitarias.
Mientras dure su prelibertad, Rivera tiene prohibido mantener vínculos de cualquier tipo con personas sentenciadas por el mismo caso.
No puede volver a cometer delitos, ni puede ser condenado por una contravención, por ejemplo, una de tránsito.
Debe vivir solamente en el domicilio que señaló en el trámite para acceder al régimen semiabierto. En ese lugar no puede consumir bebidas alcohólicas, ni drogas. La Policía vigilará que así se cumpla.