Contra estas personas, cinco hombres y una mujer, existe además videos de las cámaras de vigilancia de al menos 22 departamentos y locales comerciales que fueron vaciados. Foto: Cortesía
A pesar de las evidencias, como el haber sido encontrados en posesión de un revólver calibre 38 y herramientas para romper las seguridades de puertas y ventanas, por pedido fiscal, el juez dejó en libertad a seis personas, identificadas por la Policía como miembros de una banda dedicada al robo de casas en Quito.
Contra estas personas, cinco hombres y una mujer, existe además videos de las cámaras de vigilancia de al menos 22 departamentos y locales comerciales que fueron vaciados.
Allí se ve cómo un grupo de sospechosos, con similares características anatómicas a las de los procesados, saca electrodomésticos, televisores, maletas, ropa y demás prendas de valor de las viviendas.
Para la Fiscalía la detención de las seis personas no constituye un hecho flagrante. Es decir, ninguno fue capturado en el momento del robo.
Por esa razón solicitó al juez de garantías penales de Quito que deje el caso en investigación previa y ordene la libertad de los procesados. Así consta en el acta de audiencia realizada el 15 de noviembre del 2020, en la Unidad de Flagrancia de la capital.
En esta diligencia no se tomó en cuenta la versión de los agentes investigadores. En el parte policial, ellos indican que la supuesta banda fue aprehendida después de haberse perpetrado el robo de una casa y luego de una persecución policial, en la que incluso un patrullero fue chocado por el vehículo en el que iban los seis.
Otro elemento que Fiscalía no tomó en cuenta es que, según la Policía, los aprehendidos, son todos extranjeros y tienen sentencias y procesos penales en su país por el mismo delito de robo. Incluso dos personas tienen orden prisión vigente en su país y una, la cabecilla, tiene una sentencia de 40 meses de cárcel por robo de viviendas.
Para Jorge Hadaty, jefe de la Policía Judicial de Quito, los uniformados presentaron un caso sólido a la Fiscalía. Pero asegura que esa entidad es la responsable de impulsar los procesos judiciales.
