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Los efectos legales del conflicto por la provisión de plantas térmicas En Ecuador se trasladaron a instancias internacionales. Los accionistas principales de la empresa constructora Astrobryxa y exrepresentantes de la proveedora energética, Karla Saud Calero y su cónyuge José Walther Manrique Suárez, formalizaron una petición de protección internacional y asilo en España por el caso Progen, con el fin de frenar la orden de extradición activa en su contra por supuesto peculado.
El requerimiento legal fue revelado el pasado 11 de septiembre ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida dentro del juicio civil impulsado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad que demanda la restitución de 110 millones de dólares entregados por centrales de generación que no llegaron a operar en Quevedo y Salitral.
Los esposos, procesados y prófugos de la justicia ecuatoriana, alegan ante los magistrados que las acciones estatales y las declaraciones públicas de autoridades convirtieron el conflicto comercial en una persecución política que pone en riesgo su vida y la de su hijo menor.
Para respaldar la solicitud de refugio, la defensa incorporó denuncias sobre mensajes intimidatorios recibidos a finales de marzo e inicios de abril de 2026 por mensajería telefónica.
En dichos textos constaban advertencias de muerte, imágenes de sus vehículos particulares, fotos de los integrantes de su núcleo familiar y capturas de la nómina confidencial de testigos presentada en el litigio estadounidense.
Este hecho derivó en una querella formal por intimidación tramitada en la fiscalía de Samborondón y una notificación adicional ante la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.
Karla Saud fue aprehendida el 9 de julio en el aeropuerto de Madrid tras registrarse una alerta roja de Interpol, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio, el mismo día; y, obteniendo la libertad provisional al día siguiente con la orden de presentarse periódicamente ante el juzgado, la prohibición de abandonar territorio español y el retiro obligatorio de su pasaporte.
Aunque Saud y su hijo disponen de ciudadanía estadounidense, la defensa descartó a los Estados Unidos porque Manrique únicamente posee nacionalidad ecuatoriana; por ello, recurrieron a la figura de protección subsidiaria española y al principio internacional de no devolución, adjuntando más de 800 fojas con reportes de organismos sobre la situación de derechos humanos y la crisis carcelaria en Ecuador.
En el ámbito penal ecuatoriano, Manrique enfrenta una ampliación de cargos, mientras se revisan los acercamientos que la firma mantuvo con altos cargos del sector eléctrico en 2024. Astrobryxa asumió las obras civiles de los campamentos térmicos mientras Saud ejercía la representación de Progen.
La pareja permanece en España a la espera de la audiencia que resolverá el pedido de asilo y la suspensión de su traslado a territorio ecuatoriano.
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