Este es el material que fue incautado por los agentes de la Policía Nacional y hoy quedó bajo cadena de custodia. Foto: Ministerio de Gobierno
Julián Assange volvió a ser mencionado en el país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que la persona liberada el lunes, pocas horas después de ser detenida con armamento, es el propietario de la empresa que dio seguridad al fundador de Wikileaks, mientras permanecía en la Embajada de Ecuador en Londres. “Aparentemente también subcontrató a otros”.
Este Diario accedió al acta de la audiencia en el que la jueza Geovanna Palacios dispuso la “inmediata libertad” de Miguel D.M., un ciudadano ecuatoriano-estadounidense, que fuera capturado con las armas.
Informes de la Policía señalaron que en poder del aprehendido se halló, por ejemplo, un arma larga tipo fusil, marca Sig Sauer, y municiones.
Documentos policiales muestran que las pesquisas arrancaron luego de que agentes recibieron información de que en un lugar de Tumbaco, en las afueras de Quito, se almacenaban ilegalmente armas de fuego y municiones.
Los datos que tenían los investigadores era que este arsenal presuntamente “era usado en actividades ilícitas”.
Los agentes advierten que tras recabar estos datos se coordinó con la Fiscalía y se ejecutó la operación Victoria 653.
Tras la incursión policial, el sospechoso fue llevado a la Unidad de Flagrancia y el material decomisado quedó bajo custodia e ingresó al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial.
Según documentos judicializados, la diligencia terminó a las 10:04 del lunes y tras disponer la liberación de Miguel D.M., la magistrada dijo que el entonces aprehendido es miembro de un Club de Tiro y que tiene los permisos de las armas y la documentación que demuestra la adquisición de municiones. También indicó que otros permisos están en trámite en el Comando Conjunto de las FF.AA.
La ministra del Interior, María Paula Romo, cuestionó la decisión judicial. “A pesar de este arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva”, sostuvo.
La Judicatura también anunció que tratará el tema.
Tras conocer el fallo, los policías que conocieron el caso informaron por escrito a sus superiores y dijeron que Miguel D.M. exhibió documentos “que no están vigentes” y que supuestamente habría ingresado un pedido al Control de Armas de FF.AA, en el 2018.
El oficial que suscribe este informe señaló que “de inmediato” se coordinó con la Fiscalía para reunir los elementos y que en futuras diligencias penales permitan demostrar la existencia de la infracción.
En este momento, por orden judicial el caso quedó en fase de indagación reservada y los agentes deben recabar datos relacionados con el tráfico ilícito de armas de fuego. La condena por este delito llega hasta los siete años de prisión (art. 362 del Código Penal).
El oficial indicó que tienen más información de Miguel D.M. y que en este momento ese material es procesado.
El mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad de Delitos con Armas (Uiam), señaló que durante el allanamiento al domicilio, el sospechoso no justificó el origen del arsenal.
El abogado del investigado, Marcelo Salvador, conversó con este Diario y aseguró que todo es para uso deportivo y para entrenamiento. Y que dos no son de fuego. “Una escopeta es de aire y una pistola tiene un señalador de láser”.
Dijo que las armas llegaron del exterior “hace varios años” y que estaban guardadas, porque las licencias están en trámite. Indicó que en caso de ser requerido por la Fiscalía presentará los permisos antiguos, la solicitud para renovarlos que está en el Comando Conjunto y las guías que permitieron la importación. Señaló que su defendido radica en Ecuador y que hay desinformación. Citó la declaración de Romo, quien cuestionó el fallo.
Salvador prefirió no hablar sobre el caso de su cliente y Assange, que llegó a la Embajada ecuatoriana en el 2012. Las investigaciones de ese entonces señalaron que Ecuador financió la seguridad con recursos públicos manejados por el extinto servicio de Inteligencia (Senain), que fuera creado por el expresidente Rafael Correa.
Las publicaciones de ese entonces también señalan a Miguel D.M. De acuerdo con los datos del 2012, en septiembre de ese año se ejecutó la operación denominada Huésped.
La idea era tener un equipo de seguridad para Assange las 24 horas y una casa de seguridad cerca de la Embajada.
Para esos días Pablo Romero, entonces director de la Senain, dijo a la Contraloría que esas actividades eran para neutralizar amenazas contra la seguridad interna del país.
Al abogado le llamó la atención que después de una denuncia anónima se emprendiera el allanamiento.
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