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El caso Triple A entra este sábado 29 de agosto de 2026 en su fase decisiva. El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado prevé reinstalar a las 17:30 la audiencia telemática para comunicar su decisión sobre Aquiles Alvarez y los demás procesados.
La Fiscalía acusa al alcalde de Guayaquil por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles. Además, solicita una sentencia condenatoria de seis años y nueve meses para quienes señala como autores.
La diligencia fue convocada para el 29 y 30 de agosto, después de que el juicio cerrara sus alegatos el 2 de agosto y los jueces entraran en deliberación. La decisión deberá establecer si las pruebas sostienen la acusación o si corresponde ratificar la inocencia de los procesados. La defensa de Alvarez ha rechazado la tesis fiscal y sostiene que su condición de representante legal de empresas no demuestra participación delictiva.
La Fiscalía sostiene que entre 2020 y 2024 funcionó un esquema para comercializar combustibles subsidiados en segmentos distintos de aquellos para los que fueron autorizados. Su cálculo ubica el supuesto perjuicio al Estado en 61,5 millones de dólares, asociado a 22,8 millones de galones de diésel y gasolina. La acusación se tramita bajo el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal.
La fiscal Ruth Amoroso atribuyó a Aquiles Alvarez la condición de autor directo y pidió seis años y nueve meses de prisión, con agravantes. También solicitó multas, reparación integral y la disolución y clausura de las seis compañías procesadas.
La resolución llega después de casi un mes de deliberación. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), acusadora particular, pidió días atrás al Tribunal información sobre el estado del proceso.
Uno de los ejes del expediente son las diferencias entre el combustible despachado y el facturado. Según la Fiscalía y la ARCH, Copedesa habría facturado volúmenes de diésel superiores a su capacidad física de almacenamiento, mientras Corpalubri e Indudiesel aparecen en la teoría acusatoria vinculadas con 14,9 millones de galones de origen desconocido vendidos a clientes no autorizados. Ternape, según esa misma tesis, habría desviado 5,5 millones de galones subsidiados hacia embarcaciones extranjeras.
El expediente también contiene operaciones que, según la acusación, no coinciden con la capacidad de almacenamiento de determinados establecimientos, ventas de diésel y gasolina extra registradas para un mismo vehículo y transacciones asociadas con placas inexistentes. Son indicios que el Tribunal deberá valorar junto con los argumentos y peritajes presentados por las defensas; por sí solos no constituyen una declaración de culpabilidad.
Como detalló este Medio el 3 de agosto de 2026, la investigación se originó en una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por el entonces organismo regulador, que alertó sobre diferencias entre volúmenes despachados y facturados. Esa publicación también recogió que la tesis fiscal ubica parte de los combustibles subsidiados en actividades industriales y marítimas donde no correspondía aplicar el mismo subsidio estatal.
El centro económico del caso es el subsidio. Cuando el Estado cubre parte del precio de un combustible destinado a un segmento específico, una eventual desviación hacia actividades sin ese beneficio implica, según la acusación, que recursos públicos terminan financiando un uso distinto al previsto. Por eso, el supuesto perjuicio de más de 61 millones de dólares no se limita a una disputa empresarial: involucra fondos públicos que compiten con necesidades de servicios, inversión y gasto estatal.
La sentencia también tendrá efectos sobre la situación judicial de Aquiles Alvarez. El alcalde de Guayaquil ya recibió el 3 de agosto una condena de primera instancia de tres años de prisión en el caso Grillete, fallo que puede ser apelado y no está ejecutoriado. Si el Tribunal declara culpabilidad en Triple A, se trataría de una nueva sentencia en su contra; si no encuentra responsabilidad, deberá ratificar su inocencia en esta causa.
Los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata integran el Tribunal que deberá comunicar la resolución después de analizar la prueba presentada durante varios meses de juicio.
La audiencia está prevista para reinstalarse este 29 de agosto de 2026, a las 17:30.
El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado deberá comunicar su decisión sobre Aquiles Alvarez y los demás procesados, después de que los jueces entraran en deliberación tras el cierre de los alegatos.
La Fiscalía lo acusa como autor directo del supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles.
La tesis fiscal sostiene que entre 2020 y 2024 funcionó un esquema para comercializar combustibles subsidiados en segmentos diferentes de aquellos para los cuales estaban autorizados. La acusación se tramita bajo el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal.
La Fiscalía solicita una condena de seis años y nueve meses de prisión.
La fiscal Ruth Amoroso pidió esa pena con agravantes para quienes considera autores. También solicitó multas, reparación integral y la disolución y clausura de las seis compañías procesadas.
La Fiscalía calcula un supuesto perjuicio de 61,5 millones de dólares.
La acusación relaciona ese monto con 22,8 millones de galones de diésel y gasolina. La Fiscalía sostiene que parte de los combustibles subsidiados habría terminado en actividades o segmentos para los que no correspondía ese beneficio estatal.
Puede declarar responsabilidad penal o ratificar la inocencia de los procesados.
Los jueces deberán valorar las pruebas, peritajes y argumentos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y las defensas. La defensa de Alvarez rechaza la tesis fiscal y sostiene que su condición de representante legal de empresas no demuestra por sí misma participación en el supuesto delito.
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