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La Fiscalía General del Estado solicitó este jueves 19 de noviembre de 2026 que se llame a juicio a 13 personas naturales —entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— y a nueve personas jurídicas dentro del denominado Caso Goleada, investigado por presunto lavado de activos. El dictamen acusatorio se sustentó en alrededor de 200 elementos de convicción expuestos durante la audiencia preparatoria de juicio, que continuará este viernes desde las 08:30.
Un día antes del pedido fiscal, el miércoles 18 de noviembre, el juez José Sebastián Cornejo dispuso suspender de forma temporal el Caso Goleada para cuatro de los procesados que participan como candidatos en los comicios seccionales del 29 de noviembre.
La medida beneficia a Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Álvarez y postulante a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), así como a tres candidatos a concejales urbanos suplentes de esa ciudad:
El magistrado aplicó el artículo 108 del Código de la Democracia luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara que sus candidaturas están en firme. Dicha norma otorga inmunidad electoral para que los postulantes no sean procesados penalmente ni enjuiciados hasta la proclamación oficial de resultados, prevista para febrero de 2027.
El juez Cornejo precisó que la pausa procesal es estrictamente temporal, no representa un pronunciamiento sobre responsabilidad penal y no detiene el expediente para los demás involucrados, descartando así el pedido de las defensas para suspender toda la causa o anular el inicio del dictamen fiscal del 12 de noviembre.
En consecuencia, el fiscal Dennis Villavicencio continuó con la acusación en la diligencia telemática reinstalada desde las 08:47 de este jueves. Además de solicitar el llamamiento a juicio para los 13 procesados sin inmunidad —entre los que constan Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, y el asambleísta de RETO Raúl Chávez—, el Ministerio Público pidió ratificar las medidas cautelares personales y reales dictadas contra todos los implicados.
En su totalidad, el Caso Goleada involucra a 17 personas naturales y nueve empresas por el presunto delito de lavado de activos. Según la hipótesis planteada por la Fiscalía, los investigados habrían integrado una estructura empresarial dedicada a la comercialización irregular de combustibles.
La tesis fiscal sostiene que desde ese entramado se desviaron grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado hacia embarcaciones internacionales y se utilizaron empresas de papel en el extranjero con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos. Se prevé que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se extienda hasta el 22 de noviembre.