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La Fiscalía General del Estado abrió un proceso penal contra César Roberto V. M. por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.
El hombre fue aprehendido la madrugada del 9 de diciembre de 2025 durante un operativo del Bloque de Seguridad y la Policía Nacional en el cantón Simón Bolívar, en Guayas. En el interior de una vivienda, los agentes encontraron varias armas, municiones sin percutir y otros indicios.
El informe policial detalla que el operativo contó con el apoyo de personal de la Brigada de Infantería No. 5 Guayas. La intervención se realizó en una vivienda ubicada dentro de la hacienda La Fortaleza, donde equipos tácticos ingresaron para verificar denuncias reservadas que alertaban sobre el almacenamiento ilegal de armamento.
Según la información preliminar, las armas se utilizaban para actividades delictivas vinculadas con extorsiones a comerciantes y agricultores del sector. Esta alerta impulsó el despliegue policial y el allanamiento del inmueble.
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En una de las habitaciones, los agentes hallaron un revólver calibre 32, una escopeta Mossberg del mismo calibre, nueve cartuchos sin percutir y documentación personal del sospechoso.
De acuerdo con la Policía, el aprehendido no presentó justificaciones sobre la tenencia de estas evidencias, por lo que fue trasladado a la Unidad Policial.
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Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados: el parte policial, las versiones de los agentes que intervinieron y las evidencias incautadas. Tras escuchar los argumentos, el Juez de Garantías Penales acogió el pedido del fiscal del caso y ordenó prisión preventiva para César Roberto V. M.
La etapa de instrucción fiscal durará 30 días. En este periodo, la Fiscalía solicitará al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses la realización de pruebas de aptitud de disparo y el registro de los indicios balísticos en el sistema IBIS. Este procedimiento permitirá determinar si las armas incautadas estuvieron relacionadas con otros hechos delictivos.
El caso se procesa con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma sanciona el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con penas de entre 16 y 19 años de privación de libertad.
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