
Una jueza de Pichincha sentenció a 31 extorsionadores que trabajaban en un ‘call center’ en Quito por el delito de asociación ilícita, este lunes 27 de octubre de 2025; la Fiscalía dio a conocer las penas reducidas que recibieron, tras la solicitud de procedimiento abreviado.
Las investigaciones revelaron que los 31 extorsionadores del ‘call center’ en Quito usaban aplicaciones como Pegasus, Rimbill y mensajería instantánea para enviar mensajes, fotos y videos que mostraban escenas de mutilaciones.
Estos mensajes iban acompañados con la advertencia a las víctimas que sufrirían lo mismo si no cumplían con sus exigencias.
Estas acciones se efectuaban desde el inmueble que operaba como ‘call center‘.
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También declararon agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo del 25 de junio de 2025, así como peritos en informática forense, análisis financiero y reconocimiento de evidencias, cuyas pruebas sustentaron la acusación de Fiscalía.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, los acusados solicitaron acogerse al procedimiento abreviado.
Con esto, los procesados reconocieron su participación en los hechos.
Con base en esta aceptación, Fiscalía acordó las penas según el grado de participación de cada uno.
La Fiscal del caso presentó como pruebas los testimonios de los propios procesados, quienes admitieron haber realizado llamadas y enviado mensajes a personas en el extranjero, exigiéndoles sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad física.
Los 31 extorsionadores recibieron penas de entre 12 y 18 meses de prisión, tras ser procesadas por la Fiscalía General del Estado por el delito de asociación ilícita.
Esto, en el contexto de actividades extorsivas ejecutadas desde una empresa de call center ubicada en el norte de Quito.
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Sin procedimiento abreviado, el delito de asociación ilícita se sanciona en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años.
Los 31 sentenciados forman parte de un grupo de 44 personas procesadas por este delito. Los otros trece continuaron con el procedimiento ordinario.
A pesar de los elementos presentados, la Jueza solo llamó a juicio a tres de esos 13 y dictó auto de sobreseimiento para los otros 10, decisión que Fiscalía anunció que apelará.
Durante el proceso, la Institución identificó posibles delitos adicionales, entre ellos enriquecimiento privado no justificado, falta de afiliación al IESS, violación a la intimidad y pornografía infantil, por los cuales se iniciaron investigaciones previas dentro de sus competencias.