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Agresores de agentes de tránsito reciben penas menores

El agente Jaime Loja fue agredido violentamente el 10 de noviembre del 2017. Foto: EL COMERCIO

El agente Jaime Loja fue agredido violentamente el 10 de noviembre del 2017. Foto: EL COMERCIO

El agente Jaime Loja fue agredido violentamente el 10 de noviembre del 2017. Foto: EL COMERCIO

Las historias son similares. Agentes de tránsito golpeados, atropellados e imposibilitados de trabajar por los ataques. En los juzgados, la mayoría de casos son definidos como contravención y no como delito.

¿Qué significa? Que los agresores solo deben ofrecer disculpas públicas, pagar una multa económica, permitir la reducción de puntos en la licencia de conducir o pasar unos tres días en la cárcel.

“Es injusto”, dice Imelda. Ella fue arrastrada por un vehículo en el norte de Quito. Ocurrió en el 2016 y ahora padece una lesión permanente en la rodilla que le impide caminar bien.

Al día siguiente denunció al conductor y pidió que lo procesaran por ataque y resistencia, un delito que en el Código Penal (art. 283) es penado con cárcel de 6 mesas a 2 años.

Pero la fiscal dijo que no había “suficientes pruebas” para que el caso sea considerado como acto ilícito. Entonces, el juez lo procesó como contravención y ordenó tres días de cárcel, USD 394 de multa y 10 puntos menos en la licencia.

La misma sanción recibió la mujer que golpeó con su vehículo al uniformado Rómel Padilla, pese a que sufrió una contusión en la cabeza y momentáneamente perdió la sensibilidad en una pierna.

Entre el 2017 y marzo del 2019, en Quito se reportaron 803 agresiones violentas en contra de agentes. El 99% se resolvió como contravención y el 1% como delito. Pero en este último grupo solo un caso se dictó sentencia de seis meses por ataque y resistencia. Los demás expedientes están en la fase de indagación reservada.

En Guayaquil ocurre algo parecido. A finales del 2017, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) creó una Dirección de Flagrancia para asesorar y atender a los vigilantes en casos de agresiones en su contra.

En esa dependencia, los abogados dicen que la violencia deja lesiones que no superan los 30 días de incapacidad del funcionario. Entonces, no se puede catalogar como delito.

En el 2018 se presentaron 29 contravenciones. De estas, 27 se resolvieron con multas de un salario básico y prisión de tres días. En esa lista aparece el expediente de un vigilante golpeado por una conductora que se negaba a ser multada.

Pero también hay causas que no se resuelven, como el de un agente que el pasado 26 de junio fue golpeado por un grupo de taxistas, que le propinaron golpes y patadas masivamente.

Solo uno fue detenido y todavía continúa la investigación para identificar al resto.

Algo parecido ocurrió el 3 de septiembre del año pasado en el Guasmo Sur. Un grupo de conductores de tricimotos rompió los vidrios de un patrullero de la ATM y agredió a los agentes. Durante la gresca, las autoridades detuvieron a 15 personas. Pero el caso continúa sin resolverse, pues no se ha identificado a todos.

La indagación de Gabriel Barragán tampoco avanza en Ibarra. El 10 de noviembre pasado, cuando intentó citar a un chofer, sintió que no paró la marcha del vehículo.

Para evitar ser atropellado se sujetó de la puerta, pero el auto avanzaba. En la huida, el agresor golpeaba al agente para que se soltara hasta que se dejó caer al piso y quedó tendido.

Pasó 15 días con reposo y después rindió su declaración.

El propietario del vehículo fue citado y aseguró que prestó su auto a un amigo del cual desconoce el nombre y paradero. Por detalles como este, el caso permanece en investigación.

Este es uno de los 20 casos de agresiones físicas contra agentes que se reportaron desde enero del 2018 hasta el último jueves en Movidelnor, una entidad que maneja el tránsito en 15 cantones de Imbabura, Carchi, en el norte de Esmeraldas y el norte de Pichincha.

De esos hechos, solo seis se judicializaron por ataque y resistencia y por agresión física contra funcionarios. Apenas en un caso hubo condena.

La denuncia de Darío Ortega continúa en análisis. Testigos dicen que cinco personas se bajaron de un carro violentamente y agredieron con puños y con un bate de madera.

La agente Daniela Palacios, en cambio, recuerda que hace tres meses una mujer que dejó su vehículo mal parqueado la golpeó en la espalda, porque le puso una citación en el parabrisas. Comunicó el incidente a sus superiores, pero no lo judicializó, pues asegura que debe llevar testigos y esperar las audiencias, “para que al final, no sean sancionados”.

Los fines de semana, uno de los abogados realiza turnos para atender cualquier eventualidad con los 537 agentes que pertenecen a Movidelnor.

En Cuenca también hay atención. Desde el 2014, la Empresa local de Movilidad contabiliza 29 procesos judiciales iniciados por agresiones.

Allí aparecen detalles de lo sucedido con el agente Jaime Loja. El 10 de noviembre del 2017 fue golpeado por el acompañante de un conductor.

Por el impacto, los lentes cayeron al piso y se quebraron las lunas. Además, no pudo trabajar una semana. El infractor fue detenido, pero al siguiente día salió en libertad con la orden de no salir del país y presentarse una vez por semana en la Fiscalía. A los 11 meses llegó el último fallo del Juez que obligó a pagar el costo de los nuevos lentes y a ofrecer disculpas públicas en una de las radios de mayor sintonía de la ciudad.

Carlos Balarezo, jefe de Control del Tránsito de la EMOV, advierte que de los 29 casos, en el 40% de las audiencias de flagrancia los jueces dictaron prisión preventiva y el resto salió con medidas alternativas.

En contexto

En el 2018, a escala nacional, llegaron a los despachos fiscales 510 casos relacionados con el delito de ataque y resistencia, pero no todos tienen que ver con agresiones en contra de agentes civiles de tránsito. En el 2017 se registraron 461 en el país.

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