Afroecuatorianos denuncian discriminación en operativos policiales

En Quito trabaja el Grupo de Pensamiento Afrodescendiente (GPA) con tareas como la sensibilización en temas de etnias y el trato adecuado a las distintas comunidades del país. Foto: Patricio Terán / El Comercio
Las primeras alertas se dieron justo después de que se aprobara en Quito (2 de junio del 2022) una ordenanza que prohíbe el porte de armas blancas en espacios públicos.
Desde entonces, se han realizado cerca de 40 operativos, sancionado a 18 personas y decomisado unos 30 objetos cortopunzantes. Pero colectivos y grupos afines a la comunidad afrodescendiente denuncian que se ha “intimidado, humillado y maltratado” a personas de esta etnia en los controles.
Alejandro Bolaños, presidente del Grupo de Pensamiento Afrodescendiente (GPA), indica que los agentes siguen un perfilamiento delictivo: forma de vestir, actividades que realizan, etnias, entre otros, lo que “genera que los menos favorecidos estén bajo este perfil y los operativos sean direccionados a ellos”. Es decir, “no hay una investigación detrás ni elementos que permitan contrastar que en verdad son personas peligrosas”.
Estudiantes, artistas, trabajadores y comerciantes afrodescendientes son requisados constantemente en los espacios públicos, según la denuncia del GPA, que señala de abusos, en especial, en horas de la noche y fines de semana.
La Policía no tiene datos de cuántas personas de esta etnia han sido requisadas, pero niega actos discriminatorios.
Fausto Olivo, director de personal de la institución, explica que los agentes son capacitados cada año en derechos humanos, uso progresivo de la fuerza y presunción de inocencia.
Según Olivo, para evitar las detenciones, algunos “evocan mucho al tema del racismo o xenofobia”, pero no hay denuncias formales sobre ello.
Los colectivos afirman que es difícil comprobar la discriminación, pero que en las cárceles hay un gran número de personas afro.
Según datos del Sistema Penitenciario, hasta 2021 la mayor población penitenciaria del país era mestiza (83%); en segundo lugar se ubica la comunidad afro (7,5%), mientras que personas de etnias como blancos, asiáticos, montubios y mulatos llegaban al 1,5%.
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“Me han discriminado muchas veces y por diversos motivos. La que más recuerdo fue una vez que viajaba en la Ecovía y me robaron el celular. Enfrenté al ladrón e hice que detuvieran el bus. La gente me acusaba directamente de que era yo quién quería robar al muchacho. Cuando llegó la Policía, me pidieron mis documentos y me empezaron a interrogar. Yo era la víctima, pero ellos me convirtieron en culpable. Para devolverme el teléfono exigían que les muestre la factura. ¿Quién carga eso entre sus cosas? A mis 24 años ya estoy acostumbrada a este tipo de maltrato. Para nosotros, los afroecuatorianos, lo primero es demostrar que somos inocentes. Después de una discusión logré convencer a los policías de que me dejen desbloquear mi teléfono. Lo tengo configurado con clave y huella por lo tanto nadie más que yo podría hacerlo. Cuando se dieron cuenta de su error, y de que yo no era la ladrona, solo se fueron. No dijeron nada. No se disculparon y al ladrón lo dejaron ir sin problema. Yo seguí mi rumbo a la universidad como todos los días. Es tan moral que algo así pase que no le damos importancia”.
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“Es un absurdo seguir hablando de esto. El mundo ha avanzado en niveles tecnológicos y científicos, pero en la mente de la gente, sobre todo de la policía, el color de piel todavía diferencia a los criminales. A mí me han requisado más de cien veces en mis 31 años. Desde que vine a vivir en Quito eso ha empeorado. En mi natal Esmeraldas, eso no es así. Todos, o casi todos, somos iguales. Las diferencias empezaron aquí hace 11 años. La última semana de julio me detuvieron en la estación de La Marín para buscarme armas. Es una situación indignante. La policía grita, te empuja y te rebusca como si tuviera la certeza de que llevas algo ilegal. No me encontraron nada porque yo solo iba a mi trabajo. Lo único que si lograron es amargarme el día y hacerme atrasar. Perdí unos 20 minutos discutiendo con ellos. Al final igual me amenazaron y recriminaron mi actitud ‘violenta’. Yo pregunto, ¿qué harían ellos si los paran y humillan de esa manera sin razón?”.
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“Hace 15 años vine a vivir en Quito y ha sido una lucha tremenda contra las miradas y acusaciones que vienen desde las mismas autoridades. A mí me pasó en una farmacia muy conocida. Entré a comprar algo y el guardia me acusó de haberme robado una gaseosa. Me molesté mucho y le pedí que activarán el protocolo correspondiente. Yo lo conocía porque trabajé ahí muchos años atrás. Eso no pasó. Se resistieron a llamar a la policía, pero yo sí lo hice. Cuando los agentes llegaron me pidieron mis papeles y comenzaron a hacerme preguntas. Yo insistía en contar lo que pasó, pero solo escuchaban al personal del local. Me hicieron a un lado y no me dejaron hablar. Estaba muy enojado y exigí que le pidan los documentos también al guardia que me acusó. Lo hicieron a regañadientes. Antes de irse, me advirtieron que mi comportamiento violento podría ocasionarme problemas. No sé cómo esperan que reaccionemos cuando nos criminalizan a diario por nuestras raíces afroecuatorianas”.