Eran dos hombres y llegaron en moto. Se acercaron a una de las asociaciones de cangrejeros existentes e hicieron la notificación: a partir de ese día, hace ya cuatro meses, la organización gremial debía pagar, en efectivo, USD 500 semanales a cambio de supuesta seguridad.
No hubo opción de negociar. Desde ese día, todos los miembros de la asociación pasaron a ser parte de las estadísticas de las víctimas de extorsiones y de los llamados ‘vacunadores’, que a punta de amenazas piden cuotas a negocios de todo tipo a cambio de no hacerles daño ni robarles.
Las ‘vacunas’ (pago de dinero a cambio de tranquilidad) aumentan en varias zonas del país desde 2020, asegura el fiscal multicompetente del Guayas, César Peña. El delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de extorsión (artículo 185), intimidación (154) y hostigamiento (154, 2).
A lo largo de estos meses, zonas urbanas y rurales del país se suman al mapeo de víctimas, que casi siempre son emprendedores, artesanos o dueños de negocios. Recientemente se conocieron casos al norte de Guayaquil, en Mucho Lote, y en zonas marginales de esa urbe, como Ciudad de Dios, donde incluso las tiendas más pequeñas deben pagar USD 3 diarios para estar en paz.
De acuerdo con cifras de Fiscalía, Guayaquil es la ciudad en todo el país con más incidencia en este tipo de delito, con un total 2 479 casos de intimidación en lo que va de 2022, frente a 2 301 registrados en 2021. Mientras que, en extorsión, se suman 474 casos este año, frente a 194 de 2021.
En segundo lugar está Quito, con 2 143 denuncias por intimidación en lo que va del 2022, frente a 1 955 de 2021. En la capital se han registrado 485 casos de extorsión en este 2022, frente a 246 casos que se dieron en todo 2021.
Las otras ciudades, en orden de incidencia, son Cuenca, con 529 casos de intimidación este 2022; Machala, con 393; Esmeraldas con 267; Ibarra, con 237, entre otras.
No todas las denuncias llegan
La asociación de cangrejeros que fue extorsionada en Churute sigue cancelando, semana a semana, los USD 500 que le piden supuestos miembros de los Choneros. No han denunciado. Un miembro de la directiva, que omite su nombre por seguridad, resume la inacción en una palabra: miedo.
“¿No ha visto usted cómo los balean o les bombardean locales en Guayaquil y otros lados cuando no pagan? ¿Qué le hace pensar que será la excepción acá?”, increpa este cangrejero con más de 20 años de experiencia. Su cuota es de USD 25. “A veces no completamos porque no a todos nos va bien y quedamos debiendo para la siguiente”, cuenta.
No son los únicos de ese sector. El fiscal Peña atendió esta semana otro caso, también en la zona de Taura (a media hora de Naranjal, Guayas). “También los pescadores están siendo extorsionados. Les piden una cuota a cambio de supuesta seguridad, y ceden por miedo, pero no deberían hacerlo. Deberían denunciar”, sostiene.
Operación delictiva
En Santo Domingo, una organización delictiva que se dedicaba a extorsionar a sus víctimas y que fue recientemente desarticulada, permitió conocer la forma en que operan estos grupos. Ellos recaban información en redes sociales; y a través de WhatsApp, se envía a personas para que, con mensajes simulados, se identifique a sus potenciales objetivos.
Luego se procede al envío de mensajes intimidatorios a los chats de las víctimas.
En todos se repetían las frases: “dinero a cambio de seguridad”; “vamos a atentar contra su familia y su vida”; “no se meta en problemas y colabore”. La Policía señaló a la banda delictiva R7 como la causante de estas extorsiones. La alerta se generó a través de la Cámara de Comercio de esta ciudad, debido a que 30 de sus socios habían recibido estas amenazas.
A los mensajes suelen añadirse, explica el fiscal Peña, videos de fusiles, municiones y balas. “Una de esta va a tu cabeza o para alguien de tu familia si no pagas”, decía un mensaje que acompañaba ese material, narra el funcionario.
¿Qué hacer?
Peña insiste en denunciar y no caer en las extorsiones. “Apenas lleguen las amenazas, deben comunicarse con la Policía del sector o al ECU–911, para que sea detenido de forma inmediata el sospechoso”, dice el funcionario.
Claro que cada caso debe seguir el debido proceso: toma de versiones, presentación de pruebas y otros detalles que, para los miembros de la asociación de cangrejeros de Churute, es solo una pérdida de tiempo. Aun así, la pena por este delito es hasta de cinco años.
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