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Abogados de Jorge Glas fueron multados por no ir a audiencia del caso Singue

Los siete procesados en este caso, entre ellos, Jorge Glas, solicitaron este recurso legal para apelar la condena dictada el 25 de enero del 2021. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La audiencia de apelación del caso Singue se difirió. Esta diligencia estaba convocada para las 14:00 de este jueves 2 de diciembre del 2021, en la Corte Nacional de Justicia, pero no se instaló.

La abogada del exvicepresidente Jorge Glas, quien está procesado en esta causa, presentó al Tribunal un certificado médico. Allí se establece que, a causa de una enfermedad, la defensora tiene reposo médico absoluto y no puede hacer ni teletrabajo.

El Tribunal conformado por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho, indicaron que Jorge Glas tiene otros dos abogados que sí podían comparecer a la audiencia.

“Los dos abogados tenían toda la potestad de ejercer la defensa de Jorge Glas, sin embargo, no han comparecido, ni han presentado una justificación por su inasistencia”, indicó el Tribunal.

Por esa razón, los jueces sancionaron a los dos abogados con una multa de dos salarios básicos unificados por no asistir a esta audiencia de apelación.

Los siete procesados en este caso, entre ellos, Jorge Glas, solicitaron este recurso legal para apelar la condena dictada el 25 de enero del 2021.

Ese día, otro Tribunal decidió que el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y una persona más sean condenadas como coautores del delito de peculado en el caso Singue. Los jueces les impusieron ocho años de cárcel.

Mientras que otros tres implicados en esta causa fueron sentenciados como cómplices y les impusieron una pena de cuatro años de cárcel.

En cambio, otras ocho personas que estaban acusadas en este caso fueron declaradas inocentes.

Las investigaciones de Fiscalía muestran que los ahora sentenciados participaron de la adjudicación irregular de un campo petrolero en Sucumbíos. La entidad aseguró que esto ocasionó un perjuicio para el Estado de USD 28,4 millones.

Pero, tras el análisis de los magistrados se determinó que la afectación para el Estado ecuatoriano fue de USD 5 millones. Ese monto fue establecido inicialmente en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General.

Los jueces aseguraron que las actuaciones ilegales de los sentenciados fueron para obtener beneficios propios y de terceros.

Ahora el Tribunal debe fijar nueva fecha y hora para instalar la audiencia de apelación. En esta etapa del proceso judicial, los magistrados deben decidir si ratifican o no la sentencia de los siete procesados.

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