¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una condena privativa de la libertad recayó sobre una trabajadora del sistema judicial tras comprobarse su autoría en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias, luego de cobrar miles de dólares a una pareja con la promesa de gestionar un cargo público en la provincia de Cotopaxi. El Tribunal de Garantías Penales acogió las pruebas presentadas en la audiencia y sentenció a tres años de prisión a Hipatia Salomé Q. E., quien aprovechaba sus funciones laborales para ofrecer cargos en despachos judiciales a cambio de dinero en efectivo.
Los jueces validaron las transferencias y testimonios de las víctimas engañadas.
El expediente penal inició el 20 de octubre de 2020 a partir de la denuncia interpuesta por los perjudicados ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, organismo que remitió los hechos a la Fiscalía.
La investigación determinó que los cónyuges conocieron a la procesada a finales de 2018 durante un evento social. En esa cita, la pareja relató que el esposo debía radicarse en el cantón La Maná al ser designado como jefe de agencia de una cooperativa de ahorro y crédito, momento en el cual la sentenciada les ofreció gestionar el ingreso laboral de la mujer para evitar la separación familiar.
La procesada aseguró contar con nexos influyentes en las dependencias judiciales.
La sentenciada afirmó a las víctimas que laboraba como parvularia en la Unidad Judicial Multicompetente de Salcedo y que mantenía contactos con personas de alto nivel para conseguir el nombramiento de la mujer como jefa de citaciones en la Unidad Judicial de La Maná.
Para concretar el trámite, la pareja le entregó 5 000 dólares bajo el pretexto de tramitar la habilitación de una partida presupuestaria. No obstante, la servidora nunca concretó el puesto laboral convenido ni restituyó los fondos a los afectados.
Los peritajes técnicos confirmaron la responsabilidad penal de la implicada.
El dictamen acusatorio se sustentó en los testimonios de los cónyuges, el reporte detallado de los movimientos en cuentas bancarias y un examen de llamadas y comunicaciones telefónicas.
De igual forma, el tribunal analizó la acción de personal fechada el 26 de julio de 2017, documento oficial que acreditaba que Hipatia Salomé Q. E. tenía un nombramiento provisional como parvularia de la Unidad Judicial de Salcedo al momento de perpetrar el ilícito.
La tipificación legal sanciona este tipo de delitos contra la administración del Estado.
Pese a dictar sentencia condenatoria de tres años de cárcel en contra de la acusada, el Tribunal de Garantías Penales resolvió no ordenar medidas de reparación integral económica en favor de los cónyuges demandantes, argumentando que ambos formaron parte de una maniobra de corrupción al haber entregado recursos para comprar un cargo público.
La figura penal atribuida se encuentra tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo legal que establece castigos de tres a cinco años de privación de libertad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.