¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La entrega de expedientes e informes legislativos a las instancias judiciales abrió una nueva etapa en la investigación sobre el supuesto uso irregular de infraestructura tecnológica municipal en Guayaquil. Al formalizar la presentación del informe del caso Segura EP ante la Fiscalía General del Estado, legisladores del bloque de gobierno solicitaron determinar responsabilidades penales frente al funcionamiento de puntos de monitoreo clandestinos y la manipulación de cámaras públicas de seguridad.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, junto a integrantes de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), ingresó la documentación técnica aprobada por el Parlamento pasadas las 09:00 de este jueves 17 de septiembre de 2026.
Alarcón remarcó que las indagaciones parlamentarias apuntan a supuestos delitos como tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, asociación ilícita y acceso no consentido a información sensible.
De acuerdo con la asambleísta, las plataformas institucionales habrían sido direccionadas para fines políticos bajo la coordinación de un “prófugo de la justicia“, con el concurso de un asambleísta en funciones, un exteniente policial y exdirectivos de la empresa municipal guayaquileña.
El expediente parlamentario detalla cuatro hechos principales, destacando una comunicación por correo electrónico fechada el 20 de noviembre de 2024. El mensaje, enviado desde la presidencia de la entidad cantonal cuando era dirigida por Fernando Cornejo, solicitaba instalar una “sala espejo” en las dependencias de la Dirección de Aseo Cantonal, en el tercer piso del cabildo guayaquileño.
La mesa de fiscalización determinó que dicho centro operó al margen del sistema central, sin enlace técnico ni autorización del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y sin resoluciones de directorio que facultaran los accesos.
A esto se sumaron audios de reuniones en los que presuntamente se coordinaban vigilancias a domicilios e interceptaciones telefónicas, diligencia donde se confirmó el reconocimiento de voz de Cornejo y la intervención del asambleísta Juan Andrés González y del exteniente Ronny Rengel.
Las advertencias del bloque legislativo se extendieron a otras jurisdicciones del país. La titular de la comisión legislativa indicó que se fiscalizan indicios sobre salas de monitoreo similares en Quito, a la vez que en Riobamba se registró el desmontaje de más de 116 cámaras de seguridad en puntos estratégicos.
La legislatura busca esclarecer las razones del retiro de estos dispositivos, los responsables de su manejo y los destinatarios finales de las secuencias visuales recopiladas. Asimismo, Alarcón contrastó la capacidad operativa de la entidad guayaquileña, señalando que mientras en administraciones anteriores alcanzaba el 27%, la gestión actual con apoyo ministerial supera el 98%.
El expediente que sustenta la denuncia penal fue aprobado el 15 de septiembre de 2026 en el Pleno de la Asamblea Nacional con el respaldo de 85 votos durante la sesión 123.
La resolución del Legislativo ordenó remitir lo actuado tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Contraloría General y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, con la disposición de abrir indagaciones administrativas, civiles y penales.
También se instruyó al ECU 911 actualizar los registros de plataformas interoperables y se exhortó a la empresa cantonal a aplicar auditorías para certificar la trazabilidad y la identidad de cada usuario del sistema. Los organismos requeridos cuentan con un plazo de 30 días para remitir informes documentados con los avances correspondientes.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.