60 000 operativos se realizaron en Quito

En la avenida Napo. En los retenes móviles se cachea a los conductores y se pide la cédula. Foto: EL COMERCIO

En la avenida Napo. En los retenes móviles se cachea a los conductores y se pide la cédula. Foto: EL COMERCIO

Igual como acostumbran los policías, los militares chequearon de arriba hacia abajo a cada conductor que ingresaba a un retén. Así realizaban uno de los operativos antidelincuenciales en el sector de la Villa Flora, en el sur de Quito.

Uno de estos retenes se improvisó en la avenida Napo. Un militar indicaba a cada chofer que pasaba por allí que ingresara al control. Además del cacheo, pedían que presentarán la cédula de identidad y la licencia de conducir. Nadie se oponía y más bien decían que este tipo de operativos es necesario para mejorar la seguridad en la ciudad.

Así empezaba uno más de los 60 000 -de un total de 170 000- operativos antidelincuenciales que se han realizado entre diciembre del 2010 y la semana pasada en el Distrito Metropolitano de Quito. En estos han participado las Fuerzas Armadas.

Según el coronel Miguel Zumárraga, comandante de los batallones de policías militares, se trata de operativos más de prevención de delitos, especialmente contra la propiedad. “Se realizan en las zonas más conflictivas como La Mariscal, Iñaquito y Centro Histórico. Además, en dos reuniones cada semanales con la Policía se definen los operativos”.

El jueves pasado, desde las 10:00 y durante una hora exacta, los coordinadores de los operativos de la Policía y del Ejército se reunieron en el Centro Coordinador de Operaciones Antidelincuenciales, que funciona en el cuartel Epiclachima. Allí uno de los policías explicaba, mediante un mapa, los sitios de mayor inseguridad en la capital.

Según el coronel Luis Andrade, jefe de Estado Mayor del Epiclachima, a ese cuartel, durante las reuniones, llegan delegados policiales que trabajan en las áreas operacionales y de inteligencia. “Allí se monitorean los datos que proporciona la Policía, con base en la georeferenciación del delito para montar los operativos de los siguientes tres días”.

En los dos primeros meses también participaban delegados de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y otras instituciones. No obstante, luego dejaron de asistir.

Para planificar y evaluar los operativos, miembros policiales y de las FF.AA. se reúnen dos veces a la semana, en la capital. Una reunión es en el Regimiento Quito 1 (en el norte), cada lunes a las 16:00, mientras que el segundo encuentro se lo realiza en el Epiclachima, los jueves a las 10:00.

Estos controles se emprendieron, a través de una medida cautelar dictada el 24 noviembre del 2010 por el juez XXII de Garantías penales, Juan Pablo Hernández. Esta medida faculta a las FF.AA. a realizar operativos preventivos, inteligencia antidelincuencial y control de armas.

Sin embargo el artículo 35, de la vigente Ley de Seguridad Pública, faculta a las Fuerzas Armadas a actuar únicamente cuando se haya declarado el estado de excepción. Hecho que se hizo público el pasado 30 de septiembre durante la sublevación policial.

El lunes 8 de agosto, durante una ceremonia de ascensos, Patricio Cárdenas comandante general de la Fuerza Terrestre, dijo que el 80% de los miembros del Ejército ha sido destinado para estos patrullajes. Al respecto, en las FF.AA. se insiste que no es una desviación de la misión. Zumárraga dijo que “cumplimos las disposiciones del escalón superior en la misión de garantizar los derechos de los ciudadanos”.

Mientras el operativo seguía otro militar, con su mano derecha, indicaba a los conductores que ingresaran al retén que se montó en la avenida Rodrigo de Chávez, cerca del redondel de la Villa Flora. En el lugar también se registraba a las personas que estaban dentro de los vehículos.

Los uniformados llevaban chaleco antibalas, casco y arma de dotación: fusiles HK y de tipo Mosberg con balas de goma. En los patrullajes a pie participaron 170 soldados, que en su mayoría eran boinas rojas de las FF.AA.

Zumárraga indicó que para realizar estos operativos antidelictivos se capacitaron mediante charlas y cursos. “Esto nos permite desempeñarnos de mejor manera en controles de armas y de prevención antidelincuencial”.

Los militares también participan en la detención de personas y vehículos. Luego, junto con un policía, realizan los respectivos informes para entregarlos en las unidades de vigilancia policial.

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En tanto, las armas decomisadas son entregadas en la I División de Ejército, encarga del registro y control de las mismas. Según Zumárraga, las personas que no justifiquen la tenencia de armamento también son detenidas.

El operativo del viernes duró desde las 10:30 hasta las 11:20. En esta parte de la capital se desplazaron 250 uniformados, 50 de los cuales eran de las Fuerzas Especiales. Este grupo es uno de los cinco que operan en la urbe quiteña. Dos se encuentran en el cuartel Epiclachima. Los demás están en el Instituto Geográfico Militar, en el Fuerte Rumiñahui y en el Cuerpo de Ingenieros de la Villa Flora.

El capitán Álvaro Aragón, comandante del batallón de Policía Militar N° 3 del Fuerte Rumiñahui (norte de Quito), dijo que en un período de 20 días de operativos se incautaron 21 armas.

El oficial también explicó que cuando se efectúan estos controles, los policías que vigilan el sector se detienen para averiguar quién está al mando del retén y brindar apoyo si es necesario.

Al respecto, el coronel Zumárraga explicó que cada operativo dura un promedio de 40 minutos. Además, en cada sector se contabilizan por separado, “de allí que en Quito, por ejemplo, suman 60 000 (a escala nacional son 170 000 operativos realizados entre diciembre y agosto).

En estos patrullajes se utilizan camiones mula, buses y camionetas. Sin embargo, es evidente que estos vehículos no son aptos para el desplazamiento urbano.

La capacitación

El Ejército  trabaja en Quito con 560 voluntarios y 22 oficiales. Ellos conforman los Batallones de Policías Militares. 

El instrucción  de policías militares   dura 12 días y se realizar en el Fuerte Atahualpa de Machachi.

La Policía Judicial, Secretaría de Gestión de Riesgos y los mismos militares dan clases a los soldados de estos batallones.

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