Así reguló el Gobierno venezolano a la prensa
Redacción Política
politica@elcomercio.com
La sintonía ideológica entre los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez también incluye su deseo de controlar a los medios y la prensa.
La noche del 23 de mayo, en el Salón Amarillo de Carondelet, expresaron su deseo de que un organismo regional regule a la prensa, a la que consideran un instrumento de la oligarquía para desestabilizar sus gobiernos.
Esa no es la única coincidencia entre ambos mandatarios. Casa adentro los dos mantienen una pugna permanente con los medios privados. En especial a aquellos que mantienen posiciones críticas, a los que acusan de ser actores políticos de oposición.
Sin embargo, en ese punto, Chávez lleva la delantera. Su gobierno, en 2004, ya dictó una Ley para regular a los medios de comunicación. En cambio, Correa y su bloque de asambleístas están en fase de redacción de la ley de comunicación, como dispone la nueva Constitución redactada por el Movimiento País.
Por el momento, el Gobierno y sus legisladores han arrojado pocas pistas sobre el rumbo que desean para ese cuerpo legal. Sin embargo, pronunciamientos como los de Correa y del asambleísta Rolando Panchana conllevan a pensar que la Ley venezolana pudiera ser un modelo a seguir. Esta semana, Panchana dijo que ante la incapacidad de la mayoría de los medios de autorregularse, era necesaria e indispensable la ley.
¿Cuáles son los rasgos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Venezuela?
Andrés Cañizález, comunicador e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, analizó ese cuerpo legal en la edición 98 de la revista latinoamericana de comunicación Chasqui.
Bajo el título “¿Retaliación política contra los medios? Venezuela: una ley punitiva”, el analista venezolano examinó los ejes de ese cuerpo legal aprobado solo por los diputados chavecistas y sancionada por Chávez a fines de 2004.
El estudio destaca que la Ley fue producto de la larga confrontación entre Ejecutivo y medios, que llegó a su punto máximo durante el golpe de Estado de 2002. A partir de ese hecho, cuando la mayoría de medios privados cerró filas contra el Gobierno, la postura del
Régimen se endureció, al punto de prometer la redacción de una ley que pueda llegar hasta cerrarlos.
De hecho, el documento enfatiza que la Ley de Responsabilidad establece 78 sanciones a los medios, a los que recarga de responsabilidades, mas no de derechos. “Se busca castigar a unos medios que ya el discurso oficial ha condenado sistemáticamente”.
A la hora de imponer esas 78 sanciones, el Ejecutivo venezolano tiene peso específico. El juzgamiento y castigo está a cargo del oficialista Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuyo director depende del Ministerio de Infraestructura.
“Los medios de comunicación (...) que son regulados a través de esta Ley solo tienen potestad de participación, mínima, en un Consejo de Responsabilidad Social, básicamente consultivo”, resalta el estudio de Cañizález.
Entre las funciones de la Conatel está la interpretación y evaluación de aquellas categorías sensibles dentro de ese cuerpo legal, relacionados con temáticas como las de lenguajes, sexo, salud y violencia. En ese punto, el documento señala que la Ley deja abierta las fronteras para interpretarlas.
“Estas categorías podrían prestarse a evaluaciones subjetivas por parte del órgano (Conatel) que aplicará la Ley”.
Según Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación de Chávez y actual titular de Telesur, la Ley de Responsabilidad se convirtió en un instrumento para “asegurar el respeto a las opiniones y voces de la mayoría, con lo cual se garantiza que, en el uso informativo de los medios (...) prevalezca la verdad y la ética”.
Aunque otras visiones, como la de la Comisión Interamericana de DD.HH., consideran que esa Ley conlleva a la intimidación hacia los medios. “La utilización de términos vagos, sumada a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, puede causar un efecto amedrentador sobre los medios y los periodistas”.