Desde la izq.: los jueces Wilman Terán, David Jacho (principal) y Dilza Muñoz. Foto: Cortesía / Corte Nacional
El expresidente Rafael Correa fue hallado culpable de cohecho en segunda instancia. Ayer 20 de julio del 2020, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia desechó la demanda presentada por sus abogados para que sea declarado inocente y ratificó la condena de ocho años de cárcel en el caso Sobornos.
La defensa del exmandatario adelantó que presentará un pedido de casación, con el que intentará modificar el fallo. Se trata del último recurso judicial antes de que la sentencia quede ejecutoriada (ver infografía adjunta).
La decisión del Tribunal se dio a conocer en una audiencia virtual que comenzó a las 10:30, una hora y media más tarde de la convocatoria.
El retraso tuvo que ver con problemas en la conexión y con la licencia que permitía a los abogados conectarse a la sala virtual.
Luego de superar esos inconvenientes, los miembros del Tribunal, integrado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, anunciaron su resolución.
Hablaron de la teoría del caso y dijeron que la Fiscalía comprobó la existencia de una estructura ilegal, dirigida por Correa e integrada por altos funcionarios públicos y por empresarios.
De las 20 personas que apelaron el fallo, el Tribunal aceptó parcialmente los pedidos de cuatro: Alexis Mera, Walter Solís, Laura Terán y el empresario Alberto Hidalgo.
Sin embargo, solamente en el caso de estos dos últimos se modificó la condena.
Terán, antigua asistente de Presidencia, obtuvo una reducción de su sentencia, pues los jueces reconocieron su aporte como cooperadora eficaz en la investigación. Su condena pasó de 19 meses y seis días a tres meses y 12 días. Sobre Hidalgo, el Tribunal consideró que su participación en la trama de corrupción no era en calidad de autor sino de cómplice.
Por esa razón su sentencia bajó de ocho años a 32 meses.
Su abogado, Jorge Acosta, aseguró que no está conforme con el fallo y que presentará el recurso de casación.
“Él es inocente y no estamos dispuestos de ninguna manera a permitir la privación de la libertad”, dijo .
En el caso de Mera y Solís, el Tribunal aceptó que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular no sea de 25 años, como se fijó en primera instancia, sino de ocho años, el mismo tiempo que la sentencia penal.
Para los demás acusados, entre estos el exvicepresidente Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Christian Viteri, Viviana Bonilla y los empresarios, el Tribunal confirmó su condena de ocho años de prisión.
Pese a que ninguno de ellos apeló el tiempo de inhabilitación para hacer política, la decisión del Tribunal sobre Mera y Solís se aplica también para este grupo de procesados, “pues hay un principio de igualdad que debe regir para todos”, dijo María del Mar Gallegos, abogada de Mera. Es decir, ellos también tienen prohibido participar en la política durante ocho años. “Aunque en el caso de mi cliente, él no tiene pensado ser candidato a nada”.
Con relación a Pamela Martínez, exasesora de Correa, el Tribunal desechó su pedido de reducción de condena y se le confirmó los 32 meses y 12 días de cárcel.
En la parte final de la diligencia, los jueces resolvieron un pedido de la Procuraduría. La entidad solicitó que el Tribunal aclare cómo se iba a hacer el pago de la reparación integral. Ayer, las autoridades indicaron dos montos: los autores o coautores deberán cancelar USD 778 224 cada uno, mientras que los cómplices deben entregar USD 368 632 cada uno.
Luis Ortega, abogado de Solís, anunció que antes de ir a casación presentará pedidos de aclaración y ampliación, pues en el fallo hubo argumentos que, a su criterio, no estuvieron claros.
Él aseguró que al empezar la diligencia tuvo problemas de conexión, pues en la sala virtual había más de 200 personas conectadas y que por eso no logró acceder a la plataforma habilitada.