El próximo 27 de agosto, Jorge Yunda deberá comparecer en una audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esa entidad aceptó a trámite la denuncia por infracción electoral presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el 14 de julio.
La mañana de este 6 de agosto del 2021, se conoció la decisión de que la denuncia interpuesta por Jessica Jaramillo, abogada de ese colectivo, fue admitida. La notificación tiene como juez a cargo a Arturo Cabrera, quien también es presidente del TCE.
Jaramillo planteó la denuncia ante lo que considera un incumplimiento de la sentencia del 1 de julio pasado en la que el órgano de justicia electoral validó el proceso de remoción en contra de Yunda.
La acusación se sustenta en el artículo 279 del Código de la Democracia en el que se establece como sanción una multa, la destitución y la pérdida de los derechos políticos, como consecuencia de una infracción electoral muy grave.
Según la misma norma una infracción electoral es, entre otras cosas, aquella que implica el incumplimiento de funciones electorales o violenta las disposiciones impartidas legítimamente por la autoridad electoral.
De acuerdo con el reglamento para este tipo de procedimientos del TCE, una vez admitida a trámite, el órgano tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver. En ese lapso, el TCE otorgó cinco días a Yunda para que presente sus descargos.
Jaramillo explicó que en la audiencia se escuchará a las partes. Después de eso, el TCE emitirá una decisión sobre si Yunda incurrió o no en dicha infracción. En caso de ser sancionado, la abogada del Frente de Profesionales dijo que la sentencia de la Corte Provincial no ampara a Yunda.
La denuncia de Jaramillo no es la única en el TCE. El martes pasado, el edil Fernando Morales también asistió a esa entidad para pedir que se haga cumplir su sentencia. Por su parte, Santiago Guarderas presentó una denuncia por infracción electoral la tarde de este 5 de agosto también ante el TCE.
Previo a que el órgano de justicia electoral resuelva la consulta de Yunda sobre si el Concejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), el Burgomaestre obtuvo una acción de protección.
Después recibió un dictamen favorable sobre un pedido de medidas cautelares con las que evitó que el Concejo ejecute su remoción. Sin embargo, después de ser revocadas el 19 de julio pasado, Guarderas asumió el cargo. La administración de Guarderas duró apenas 11 días ya que el viernes pasado, la Corte Provincial ratificó la acción de protección y dejó sin efecto el proceso de remoción. Desde entonces Yunda regresó a la Alcaldía.