Natalia Mera debe ir por la calle adoquinada en su barrio, pues no puede ir por veredas con gradas y obstáculos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Salir de su casa rumbo a la tienda puede convertirse en una aventura y en un riesgo que prefiere evitar. Natalia Mera tiene dos sillas de ruedas, la una más cómoda y pesada, y la otra más sencilla y práctica. Pero con ninguna se siente segura al tener que circular por las calles de su vecindario, en la entrada al Comité del Pueblo, en el norte de Quito.
A pesar de que se trata de una zona plana en su mayoría, ninguna acera tiene rampas de ingreso para una silla de ruedas. Y la mayoría de accesos vehiculares a las casas está construida como gradas y no permiten que una persona con movilidad reducida pueda circular con facilidad.
En Quito, la Ordenanza 282 es la que define cómo deben mantenerse las aceras. Esta normativa dispone que las especificaciones técnicas se sujetarán a las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. También, las que constan en el Manual de Espacio Público.
La ordenanza también señala que es deber del frentista (dueño de un predio) mantener en buen estado, limpia y libre de obstáculos la parte que le corresponde de la vereda.
Según Pamela Villacrés, directora de señalización vial de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), existen varias normativas locales y nacionales que exigen que el diseño de una acera debe permitir el acceso a personas con movilidad reducida.
Los cuerpos legales se basan en la norma INEN, que con el tiempo se ha perfeccionado y se orienta más a permitir que las personas con discapacidad puedan transitar de forma segura, autónoma y cómoda.
El Municipio tiene actualmente un plan en marcha para adecuar aceras en tres sectores de la ciudad, con base en la accesibilidad universal. En las últimas semanas empezó con un tramo de la av. 6 de Diciembre, esta semana comenzaron los trabajos en la Diego de Vásquez, entre Bellavista y Unión y Progreso, y finalmente se rediseñarán las aceras de la avenida Rodrigo de Chávez, entre Pedro de Alfaro y Alonso de Mendoza, en el sur.
Este es un programa piloto que se replicará en otras zonas de la ciudad, según el gerente de la Epmmop, Iván Alvarado. Las nuevas aceras tienen rampas de acceso para sillas de ruedas, adoquines normales y podotáctiles (para ayudar a las personas no videntes) y estacionamientos para bicicletas.
Natalia Mera afirma que hace algunos años trabajaba en la avenida Amazonas, donde actualmente funciona la Plataforma Financiera, y al igual que en su barrio, ahora le toca circular por la calzada, con miedo de sufrir algún percance cuando pasan los automotores junto a ella. Aunque no ha sufrido un accidente, esa posibilidad le asusta.
Por eso prefiere siempre moverse en su carro automático y adaptado para sus necesidades. Actualmente, la oficina en la que trabaja en el área financiera está en la República de El Salvador. Allí -dice- las aceras están bien diseñadas y no complican su movilización en su silla de ruedas. Mera considera que poco a poco esto debe ser generalizado en la ciudad.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) revisa las aceras de oficio o por denuncias, según Villacrés.
La institución informó que realiza inspecciones sobre daños en aceras, bordillos o parterres, acumulación de materiales de construcción, instalación de quioscos y otros obstáculos en las aceras.
Según el tipo de infracción, se aplican sanciones leves, graves y muy graves, que van del 30% hasta ocho remuneraciones básicas unificadas. Los montos más elevados se aplican si hay reincidencias.
La sanción por realizar obras en aceras sin sujetarse a las reglas técnicas es una multa de dos sueldos (USD 772). Lo más común es que en lugar de rampas con inclinaciones reguladas, los frentistas suelen dejar gradas. En una ciudad como Quito, con una geografía irregular, el problema se agudiza en las subidas.
Por incumplimientos de la Ordenanza 282, la AMC ha emitido 105 acciones en lo que va del año. De ellas se han hecho 56 informes (un inspector verificó si hay o no infracción). Solo se han entregado tres actas, que informan al dueño que obligatoriamente debe hacer los arreglos en la acera. En otros 46 casos se entregó una advertencia a los dueños y se les notificó que habrá una nueva inspección en 60 días, pero nadie ha sido sancionado.
Villacrés dijo que no importa la inclinación que tenga una calle, pues hay técnicas para hacer veredas con rampas que no interrumpan el paso peatonal. Para Mera, “todas las veredas deberían ser bajas, para que todos podamos usarlas”.