24 de febrero de 2021 16:37

Veedurías ciudadanas para el Metro de Quito se conforman

El Metro de Quito indicó que la elección del modelo es una decisión empresarial que se la dará a conocer al directorio, al Concejo Metropolitano y a la ciudadanía, una vez que se la defina. Foto: Archivo EL COMERCIO

Evelyn Jácome

Con el objetivo de seguir de cerca el proceso de contratación de la primera línea del Metro de Quito, se están activando mecanismos de control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por Sofía Almeida, convocó a una veeduría para este fin por pedido de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto.

El pleno de la entidad convocó a la ciudadanía a integrar la veeduría ciudadana para vigilar el proceso de selección del operador, bajo la modalidad que se decida.

Las personas o colectivos pueden inscribirse del 17 al 24 de febrero de 2021, y cumplir algunos requisitos como estar en goce de los derechos de participación. En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, deben encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes o sus comunidades. Además, contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

Las personas que deseen participar en este proceso de seguimiento deben revisar los requisitos, convocatoria y formulario y enviar sus inscripciones al correo electrónico marisolsotomayor@cpccs.gob.ec

Quito Honesto indicó que el pedido se realizó para contribuir a la transparencia y promover la participación ciudadana en una de las obras más importantes de la ciudad.

Para el viernes 26 de febrero del 2021 está planificada una reunión del directorio del Metro de Quito para analizar el modelo de gestión con el que el sistema de transporte operará.

Al momento se barajan dos alternativas. La primera es por contrato de servicios de operación y mantenimiento con un operador internacional, en cuyo caso se traería a una empresa de otro país para que se haga cargo de todo lo que tiene que ver con operación y mantenimiento, y el Municipio se encargaría de pagarle por ese servicio.

La otra opción es por contratación de servicios de asistencia técnica internacional, lo que implica que el operador brinde asistencia y asesoría para que la empresa pública pueda brindar el servicio a través de gestión directa.

El Metro de Quito indicó que la elección del modelo es una decisión empresarial que se la dará a conocer al directorio, al Concejo Metropolitano y a la ciudadanía, una vez que se la defina. Cuando se haya optado por determiando modelo de gestión, se empezarán a recibir cartas de interés de las empresas.

En un informe presentado por Quito Honesto, la entidad recomendó que se debe definir de manera transparente, competitiva y abierta la selección de la empresa o consorcio que se ocupará de la operación y mantenimiento de dicha infraestructura, así como del manejo del sistema de recaudo.

Según la entidad, sus miembros han venido participando desde noviembre de 2019 en la ronda de visitas y reuniones que organizó el Metro para que los potenciales interesados en la operación conozcan en detalle las características del proyecto, y observó que el tiempo de entrega de la oferta, su financiación y los términos de referencia todavía no estaban bien estructurados.

Además, que se conocía que la alianza estratégica (modelo en el que se vino trabajando los últimos meses y que finalmente quedó descartado) no es una posibilidad aplicable al esquema propuesto por el Metro, sino que se trataba de una concesión de servicio público, pues implicaba delegar la gestión de este a una empresa internacional, lo cual no es posible. Incluso hay un pronunciamiento del Pleno de la Corte Constitucional (CC).

En el documento, Quito Honesto exhorta a que la selección del futuro operador del Metro debe efectuarse bajo los principios de transparencia, concurrencia y adecuada publicidad, independientemente de los modelos jurídico y financiero que se apliquen. Y que toda la información debe presentarse oportunamente al Concejo Metropolitano con el objeto de que se tome una decisión apegada a la norma vigente, que cuente con viabilidad financiera y que beneficie a los intereses de la ciudad.