En el primer filtro por donde pasa el agua residual se ven vísceras y piel de animales. Vicente Costales / EL COMERCIO
Solo deberían llegar aguas negras domiciliarias, es decir, el líquido usado que se desecha en la ducha, el baño y los desagües del hogar, pero llega más. A la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Quitumbe llegan vísceras de animales que son faenados en camales clandestinos ubicados en los alrededores.
Esta planta de tratamiento, la única ubicada en la zona urbana del Distrito, empezó a operar en febrero del 2017 y tiene una capacidad para tratar 108 litros de aguas negras por segundo, pero no trabaja al 100%. Depura 80 litros de desechos de unos 55 000 habitantes de sectores como La Ecuatoriana, Chillogallo y Guamaní.
Justamente, en este último es donde se ha detectado mayor presencia de lugares ilegales de faenamiento.
El primer filtro para depurar el agua que llega del colector que pasa por la Quebrada Ortega es un pozo ciego. Se trata de un sistema de retención de sólidos que simula una celda de 1 m², con rejillas de 5 centímetros de grosor que permiten retener los desechos más grandes que ingresan.
Es una especie de tamiz en el que usualmente quedan pañales, toallas sanitarias, preservativos, pero también tripas, mondongos, intestinos, menudo y piel de animales.
Freddy Muñoz, jefe del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales de Epmaps-Quito, se acerca a la rejilla y muestra los desechos -incluso la evidencia de faenamiento– que deben ser removidos manualmente y entregados a Emaseo, con la que la empresa tiene un convenio para darles un tratamiento adecuado. Allí se genera un primer problema, porque el convenio entre las dos empresas municipales no incluye restos animales.
El agua residual sigue por el proceso y luego de pasar por un pozo de bombeo se hace una segunda retención por exclusión de tamaño; es decir, se la vuelve a cernir. Allí quedan, en cambio, vísceras más pequeñas y plumas.
La presencia de ese tipo de desechos puede afectar al funcionamiento del sistema.
Toda planta de tratamiento de este tipo es diseñada para recibir aguas residuales domésticas, que presentan una característica muy específica de contaminantes que cumplen con ciertos parámetros.
Muñoz explica que esos contaminantes están definidos en un rango basado en el comportamiento y las costumbres de la población. Esta planta fue diseñada para una DBO (demanda biológica de oxígeno) de 320 miligramos por litro.
Pero cuando se recibe una carga superior, debido a la presencia de otro tipo de contaminantes, ese rango se rebasa. Hay registros puntuales de que ha alcanzado hasta 850 mg/l. Más del doble de lo que debería.
Si se supera permanentemente la carga para la cual fue diseñada, la planta no tiene la capacidad para depurar esa concentración y se presentarían problemas en la operación. Se podría incluso -advierte Muñoz- superar la concentración del parámetro normativo en cuanto a la depuración, al finalizar el proceso.
La norma exige a las plantas de tratamiento desechar el agua a un cauce natural con un DBO de 100 mg/l. La empresa consigue bajar el DBO a 10 mg/l. Pero la presencia continua de vísceras podría perjudicar esa operatividad.
María Fernanda Villavicencio, jefa de la Unidad de Operaciones del Departamento de Aguas Residuales, indica que los técnicos se percataron del problema días después de habilitada la planta, debido a la coloración de las aguas que llegaban: era roja.
En un inicio, cuando tuvieron la presentación de esos contaminantes, no se afectó la operación de la planta porque cuando el sistema se está estabilizando, se necesita mayor carga contaminante con el fin de que se reproduzcan los microorganismos.
Como parte del proceso de tratamiento, la materia orgánica es removida con microorganismos. Se trata de bacterias que se comen la materia orgánica, y luego son retiradas mediante sedimentación.
Pero una vez estabilizada la planta, la sobrecarga de microorganismos se vuelve un problema. Funcionarios de la planta realizaron visitas a los sectores donde suponen que funcionan los camales clandestinos y alertaron a la gente sobre el daño que causan. Así, se logró bajar la presencia de vísceras. A finales del 2018 esos restos llegaban todos los días. Hoy, solo dos días a la semana.
Fabián Criollo, líder del barrio Buenaventura, reconoce que en el área hay criaderos ilegales. Admite que genera problemas de salubridad y de malos olores, pero no se los puede cerrar porque los mismos vecinos son clientes. “Venden los pollos más baratos”.
La Secretaría de Ambiente realiza operativos en la zona, pero los camales ilegales cambian los días de faenamiento para no ser descubiertos.