Quito es vulnerable al cambio climático
El 23 de octubre pasado, un deslizamiento de tierra en la Pana Norte dejó dos muertos. Foto: Eduardo Terán/ Archivo EL COMERCIO
Hace 200 años, los picos nevados del volcán Pichincha eran parte del paisaje de Quito. Con el tiempo, esto dejó de ser habitual. El clima de la ciudad cambió. Al igual que el de otras partes del mundo, se ha vuelto más cálido, producto del calentamiento global.
El cambio climático es una amenaza para los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los procesos ecológicos de los cuales depende la vida en el planeta Tierra.
De acuerdo con el estudio ‘Índices de Tendencias Climáticas Climdex’, que evaluó 10 estaciones de las provincias de Pichincha y Napo, en el período 1984-2012, las temperaturas mínimas y máximas en estos territorios están incrementándose a una tasa de hasta 0,5°C por década.
Esto se relaciona con las tendencias de disminución del número de días y noches consideradas frías y con el incremento del número de noches y días cálidos.
Producto de la variabilidad climática, en los últimos años el Distrito ha registrado un considerable incremento de eventos extremos, como son las inundaciones, los incendios forestales y los deslizamientos de tierra. Este tipo de sucesos, junto con los cambios de las temperaturas, afectan directa e indirectamente a ecosistemas frágiles, como son los páramos y bosques tropicales.
“El reto es, primero, saber que eres vulnerable. Luego, estar preparados ante los riesgos, con acciones y medidas para enfrentarlo”, dice la secretaria de Ambiente del Municipio, María Verónica Arias.
La vulnerabilidad al cambio climático del Distrito se evalúa por el Municipio desde hace tres años. El estudio se enfocó en cinco sectores: agua, salud, agricultura, ecosistemas y riesgos a incendios forestales; con proyección hasta el 2050.
En relación con el recurso hídrico, en los escenarios más extremos se estima que habrá una reducción de 10% en la cobertura del servicio urbano de agua potable.
En agricultura y producción de alimentos, entre los cultivos más vulnerables estarían el maíz, el fréjol, los frutales, las papas y el pasto.
Los sectores de clase media y baja de la población de Quito serían más propensos a enfermedades de tipo respiratorias, como bronquitis, neumonía y asma. Las parroquias de mayor afectación se ubican en la zona noroccidental del Distrito. La zona urbana tiene un índice de vulnerabilidad moderado, que podría aumentar en caso de que se incremente la frecuencia de episodios climáticos extremos.
La lucha contra el cambio climático pasa por la “lucha contra el CO2”, señaló recientemente el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, en la presentación del boletín anual sobre emisiones de gases de efecto invernadero de este organismo. Según la OMM, el aire nunca estuvo tan contaminado por el dióxido de carbono (CO2) como en el 2015, cuando la concentración media de este gas en la atmósfera alcanzó las 400 ppm (partes por millón).
Para el año pasado, la huella de carbono de la ciudad fue de 5,9 millones de toneladas de CO2 equivalente. La fuente principal de las emisiones de CO2 al ambiente es el transporte. Le siguen el sector residencial-comercial, la industria y los residuos.
La construcción es uno de los agentes que más impactan en el ambiente a escala mundial. “Esto se atribuye a aquellos productos que demandan desgaste de la corteza terrestre, como son áridos, agregados de hormigón y cemento. Todos los materiales extraídos de canteras tienen un impacto directo en la destrucción del ambiente”, señala Carlos Ávila, ingeniero civil y profesor de la Escuela Politécnica Nacional.
Considera que uno de los principales problemas en el país es la producción artesanal de estos materiales: “La industrialización podría disminuir el impacto”.Ávila lleva adelante una investigación sobre el uso de materiales inteligentes para la eficiencia energética en edificaciones.
El Municipio ha establecido un plan de acción climático, que incluye medidas de mitigación y adaptación. Las metas al 2025 son la reducción en 5% anual de la huella de carbono, a partir del 2019, y que 10% anual de los proyectos urbanísticos o construcciones públicas sean diseñadas bajo el concepto de sustentabilidad energética.
