15 de February de 2011 00:00

Pedido de reforma a una ordenanza

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El próximo jueves está prevista una reunión entre los dirigentes del transporte urbano de Quito y los concejales miembros de la Comisión de Movilidad del Cabildo. El propósito es discutir una propuesta para la reforma o derogatoria de la Ordenanza 312.

Este documento, aprobado el 29 de junio del 2010, modificó el contenido de la Ordenanza 247, que regula la administración del transporte público en el Distrito. Eso causó la inconformidad de los transportistas y generó un debate sobre el tema.

Para José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, el contenido de la Ordenanza 312 desconoce la prioridad que tenía el Municipio para negociar la prestación del servicio de transporte público con las operadoras que han trabajado en determinado sector por varios años.

Dijo que tras la creación de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte (ex Trolebús), el Municipio puede adquirir su propia flota y manejar por su cuenta los corredores de transporte. “Esto hace a un lado a los transportistas que por años hemos venido ofreciendo el servicio en un sector específico”.

Una de las razones que motivó la promulgación de esta ordenanza fue la complicada negociación para la operación del Corredor Sur Oriental. Ese proceso duró cuatro años, sin que los transportistas y el Municipio lleguen a un acuerdo.

Xavier Jiménez, asesor de la Comisión de Movilidad, explicó que la Ordenanza 247 obligaba al Municipio a negociar el servicio de transporte solo con las operadoras ‘históricas’. Al no haber plazos, el tiempo de la negociación era indefinido.

Según Jiménez, con la Ordenanza 312, el Municipio sigue negociando con las operadoras ‘históricas’, pero si no existe un acuerdo también tiene la facultad de iniciar un proceso de licitación abierto. “Ahí no es que participa cualquier persona que tenga un bus, porque una de las condiciones es que el transportista sea parte de una empresa legalmente constituida”.

Santamaría aclaró que lo que se pide es que se asigne la operación de los corredores a las operadoras históricas con permisos de habilitación entregados por el Municipio y que se establezcan plazos para la negociación.

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