La tarde del 12 de mayo pasado, Josefina Tutillo, de 47 años, salió a vender espumilla, como los últimos 11 años, cerca de la Morán Valverde, en el sur de la ciudad. Llevaba consigo una bandeja con el postre, un paquete de conos, un pequeño soporte de metal y un asiento.
Se paró en la esquina de la parada del trole y sirvió las dos primeras porciones que vende a USD 0,50, cada una. En ese momento escuchó gritos de alerta a sus espaldas, pero cuando volteó a ver era tarde para retirarse del lugar.
Recuerda que una docena de agentes pasó en un camión. Tres de ellos bajaron y le quitaron su mercadería. Trató de irse y forcejeó con ellos sin éxito.
Le quitaron el banco y la base metálica. La bandeja de espumilla terminó en el suelo y los conos volaron una parte a la calle y otra al camión. Ese día no pudo trabajar y perdió los USD 20 que gana de la venta de 40 conos. Además, la bandeja se rompió, perdió los otros accesorios y volvió llorando a su casa en San Martín de Porras, en el suroriente de Quito.
La normativa
De acuerdo con Ramiro Aldás, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, el procedimiento en un operativo de control en las calles establece “verbalizar la normativa” que impide a los vendedores informales trabajar sin un permiso, como primer paso. Es decir, se hace un llamado de atención y se recuerda que esas actividades no están permitidas.
En segundo lugar entregan una notificación escrita y retiran la mercadería. El funcionario explica que esto se realiza en diferentes días. Con el retiro de las cosas lo óptimo es entregar un acta donde conste todo lo que los agentes han retirado para que exista constancia y la persona sancionada puede pedir la devolución. Sin embargo, Aldás reconoce que “no siempre es posible porque la mayoría de los comerciantes no responden bien”.
En el caso de Tutillo, no le entregaron ningún papel. Ella no tenía manera de demostrar lo que se llevaron y tampoco tenía intención de pagar la multa.
Edison Cedeño que vende empanadas de verde hace seis años en la calle Isidro Barriga, en Chillogallo, reconoce el forcejeo con los agentes. Alega que es la única fuente de trabajo y “si hay que pelear para que no nos quiten nuestro sustento, peleamos con todo”.
Él tiene 32 años y es oriundo de Portoviejo. Llegó a Quito junto con su esposa y tienen tres hijos que mantienen con la venta diaria. A principios de 2021, cuenta que fue sancionado en uno de los operativos que terminó en el retiro de sus productos.
Relata que estaba con sus niños en la calle trabajando. Cerca de las 16:00, el camión pasó a toda velocidad y media docena de metropolitanos tomaron su cocina y la arrojaron al vehículo. Ahí mismo colocaron el tanque de gas, tinas con empanadas crudas, cafetera y otros utensilios.
Los operativos de control del buen uso del espacio público están encabezados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y cuentan con la compañía de agentes civiles. Cada equipo está conformado por ocho a 10 agentes, y entre dos y tres funcionarios de la AMC.
Estos últimos son los encargados de emitir las sanciones administrativas que incluyen una multa del 50% de un Salario Básico Unificado (SBU). Equivale a USD 212,50, que deben pagarse para recuperar la mercadería. Es un rubro que muchas veces supera el de la mercadería retenida.
Cedeño es parte del 60% de quienes pagan la multa, según la AMC. Nelly Sánchez, directora de Instrucción de la AMC, explica que todas las cosas retenidas son llevadas a las bodegas de la agencia, en el norte de la ciudad, y permanecen ahí 60 días hasta que su dueño las reclame.
Una vez iniciado el proceso, los infractores pueden pagar la multa o hacer convenio para pagar con trabajo comunitario y retirar sus productos. Si nadie se acerca a buscarlos estos son entregados a las diferentes fundaciones que mantienen convenios con el Municipio o son chatarrizados.
En el caso de cigarrillos y accesorios de celulares, se recolectan para una quema controlada. En cambio, los perecibles son entregados en máximo 48 horas a fundaciones aliadas. La bodega permanece llena de diferentes artículos siendo los coches de comidas los más numerosos.
Según Iván Andrade, responsable del lugar, hay un promedio de 150 que se dividen entre los que esperan por ser reclamados y los de quienes ya pagaron la multa.
Se puede ver ropa, cobijas y accesorios para mascotas listos para ser entregados a las organizaciones sin fines de lucro. También hay grandes bultos de tabacos de contrabando que aguardan para ser quemados.
Tras la comparecencia, los infractores tienen hasta cinco años para pagar y retirar sus cosas. Caso contrario tendrán el fin que más se acomode al tipo de mercadería. Tutillo no fue, porque el valor de los productos que le retiraron no justificaba pagar la multa.
Vendedores ambulantes
Existe un permiso que otorga el Municipio de Quito que permite las ventas ambulantes. Sin embargo, no se lo otorga dentro del Centro Histórico por su condición de zona turística y patrimonial.
En la ciudad hay 12 089 comerciantes entre los que están regularizados y los que no, según un censo de la Agencia Distrital de Comercio.
Otra sanción se aplica para quienes colocan fuera de su local comercial cualquier tipo de mercadería o publicidad sin un permiso. La multa es de USD 100.