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Legalización de barrios obliga al Cabildo a gestionar riesgos

Construcciones en zonas no seguras obligan a un análisis de riesgos en barrios de Pichincha. Foto: Archivo / Patricio Terán / El Comercio

El Municipio tiene previsto analizar la situación de 40 barrios para su regularización este año. Si bien cada uno debe cumplir con la normativa que establece el Código Municipal, el que la regularización se haya convertido en una regla y no en la excepción provoca alertas. 

El Cabildo posee la Unidad Regula Tu Barrio para ese fin. Según sus datos, entre 2017 y 2021 fueron regularizados 280 asentamientos. Eso significa que, en promedio, al año se legalizaron 56 barrios. Sin embargo, el que año a año exista esa cantidad de zonas por legalizar, a criterio de la concejala Mónica Sandoval, presidenta de la Comisión de Uso de Suelo, evidencia una falta de planificación. 

La edil sostiene que esa realidad impide una planificación.  “Quiere decir que no planificamos y regulamos todo”, comenta. Recuerda que la legalización empezó de forma sostenida en 2011. En ese momento se habló de 360 zonas para reconocer. Desde entonces no se ha resuelto. 

El aluvión que golpeó a La Comuna y La Gasca puso en discusión este tema. La expansión de la ciudad, según los expertos, tiene que acompañarse de una gestión de los riesgos; además de una planificación para reducir los impactos que toda construcción implica. 

Eliana Jiménez, del Departamento de Geología de la Politécnica Nacional, comenta que, tras lo ocurrido el lunes pasado, han hecho sobrevuelos con drones y recopilado imágenes satelitales.  

Uno de los hallazgos es que, en la desembocadura de la quebrada en la parte superior de La Comuna, hay asentamientos humanos. No tiene información sobre si son legales, pero los materiales de construcción son de baja calidad. 

Para la experta, el problema es que, desde hace al menos 50 años, ninguna administración ha planificado el crecimiento con base en los fenómenos naturales. Eso hubiese implicado, por ejemplo, la prohibición de poblar zonas como las laderas. Eso, sumado a la necesidad de la gente por un lugar de vivienda, ha incidido en ocupar áreas de riesgo. 

Rogelio Echeverría, director de Regula Tu Barrio, afirma que no se toma en cuenta a asentamientos que están en zonas de riesgo no mitigable, áreas de protección ecológica y lotes que están en pendientes superiores a los 45 grados. 
Para eso, según el funcionario, es necesario que la Secretaría de Seguridad, mediante su dirección de Gestión de Riesgos, emita un informe que se toma en cuenta dentro del proceso. 

Inés Chiluisa es representante de los barrios del noroccidente de Quito. Vive en Cochapamba y comenta que, para ellos, el problema no es la legalización sino la falta de atención de las autoridades.  

Tres años atrás, su sector y el Pinar Alto sufrieron también el impacto de un aluvión. Comenta que la mayoría de los barrios ubicados en Pichincha está dividido por quebradas y son asentamientos legales. Entonces, a su criterio, lo importante es que el Cabildo trabaje en la mitigación de riesgos. 

“Pese a que han pasado casi tres años, hasta ahora no se ha instalado la estación de monitoreo en Cochapamba”, señala Chiluisa. Apunta que las construcciones se ubican bajo el límite permitido. 

Para el urbanista Hernán Orbea, hay cuatro elementos que deben ir de la mano para la regularización. El primero es jurídico y tiene que ver con que la gente que busca legitimar su propiedad.  El segundo es técnico y se refiere a las características que debe tener el espacio en cuanto a infraestructura y dotación de equipamientos para asegurar una vida plena. El tercero es sobre lo ambiental y social, lo cual se hace a medias. Señala que cualquier intervención arquitectónica tiene un impacto, pero se debe asegurar que sea el mínimo. 

Finalmente, es importante tomar en cuenta que este tipo de procedimientos no puede convertirse en el espacio para buscar favores políticos a cambio de las legalizaciones. 

El miércoles pasado, el alcalde Santiago Guarderas afirmó que se ha detectado asentamientos en zonas de riesgo tras el aluvión. Se piensa en una posible relocalización. La medida está en análisis.