Para la tarde de este martes, 10 de agosto de 2021, se convocó a una marcha en Quito que fue organizada por la Cámara de Comercio y el respaldo de más de 50 gremios y colectivos del sector productivo de la capital.
La denominada marcha “Todos por Quito” busca que la Corte Constitucional (CC) interfiera en el conflicto legal por la Alcaldía de Quito.
“Tenemos la seguridad que la selección de este caso es la vía adecuada para hacer respetar la Constitución, la ley, el principio de seguridad jurídica, el retorno de la institucionalidad de la administración municipal”, se indicó en el oficio publicado por la Cámara de Comercio y firmado por su presidente, Carlos Loaiza.
Entre los antecedentes de esta solicitud se anotaron puntos como “la aberrante sentencia” emitida por la Corte Provincial de Pichincha sobre el pedido de Acción de Protección de Jorge Yunda. Al respecto, se dice que dicha solicitud fue aceptada de forma “antijurídica”. Esto, a decir de los gremios, generó un “estado de inestabilidad jurídica inédita de desgobierno y anomia institucional en la administración municipal”.
De acuerdo a los gremios, este hecho también es “un precedente jurídico nefasto para el control político en el Ecuador”. Con ello, agregan, cualquier funcionario sujeto a ese control podrá argumentar que se han vulnerado sus derechos “al ser juzgado por considerar que existe una ausencia de imparcialidad”.
Los gremios también recordaron que la Fiscalía Provincial de Pichincha mantiene un proceso indagatorio sobre una “eventual manipulación” en el sorteo del caso para la asignación de una jueza que acogió parcialmente dicha acción de protección.
Asimismo, destacan que se pretende “quebrantar” lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que indica que la consulta sobre un proceso de remoción debe hacerse al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Organismo que ya ratificó dicho proceso.
“Es nuestra responsabilidad solicitar a la Corte Constitucional del Ecuador, y sus miembros, que en estricto apego a la legalidad y la ética restablezcan el imperio de la Constitución y pongan fin al caos generado”, agregaron los gremios.
También destacan la “gravedad” de este procedimiento al considerar que los jueces que actuaron en este caso, desconocieron el fallo del TCE. Al respecto, afirman que no existe en la jurisprudencia ecuatoriana un caso “que desconozca una sentencia definitiva” de este organismo.