El gimnasio Smart Fit está en la av. Amazonas. A la derecha, el deportista Luis Sánchez. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
En el ingreso, un hombre vestido con un traje antifluidos recibe a los clientes. Toma la temperatura, hace unas preguntas sobre síntomas relacionados con covid-19 y solicita el uso de gel antibacterial.
No es la entrada a una casa de salud. Así se controla el riesgo de contagios en el gimnasio Smart Fit, en el norte de Quito.
Este centro reabrió desde el 27 de septiembre. Fue parte del plan piloto que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino.
Esa fase de prueba permitió que, el 8 de octubre, el alcalde Jorge Yunda emitiera una resolución en la que se levantó la suspensión de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) para estos negocios.
Desde entonces, los propietarios de gimnasios intentan recuperarse, tras siete meses de paralización.
Sin embargo, no todos sus clientes han retornado. Enrique La Motta, gerente de Wellness Group, que administra Smart Fit, asegura que todavía existe mucho temor.
En el interior del centro hay cintas rodeando las máquinas, como señal de que no se pueden utilizar. En el piso se colocaron rectángulos alrededor de los aparatos de entrenamiento, para demarcar el espacio de cada usuario.
Esas medidas son parte de un protocolo de bioseguridad. Daniel Rodríguez, director del Subsistema de Salud del Municipio, manifiesta que hay dos tipos de medidas: las que implican cambios en infraestructura y las relacionadas con normas de bioseguridad.
Los gimnasios son espacios cerrados. Por ello, el principal cambio es en la ventilación. “Con las exhalaciones forzadas hay más cantidad de aerosoles en el ambiente, que pueden permanecer hasta cuatro horas”, comenta Rodríguez.
La Motta menciona que esa medida ha implicado cambios que pueden bordear entre los USD 2 000 y 4 000 por gimnasio. “Hay que abrir ventanas y puertas que permitan la entrada de aire”, señala.
Otras medidas indispensables son el control del aforo (30%), el respeto al distanciamiento de al menos dos metros y la búsqueda de posibles casos positivos.
En torno a esa búsqueda, Rodríguez explica que los locales deben contar con un registro de cada cliente. Se les consulta si tienen algún síntoma, como fiebre, tos o dolor de cabeza. También se indaga en cuanto a posibles contactos con personas contagiadas.
Respecto de las medidas de bioseguridad, deben facilitar mascarillas, alcohol, gel, elementos de protección para trabajadores y desinfectar constantemente el lugar.
Danilo Guerra es propietario de dos gimnasios en el sur de Quito. Cuenta que invierte diariamente entre USD 50 y USD 60 en elementos de bioseguridad.
En su caso, ese gasto diario se destina a la limpieza constante del lugar y a la compra de alcohol, bandejas de desinfección y gel para sus clientes.
La supervisión del cumplimiento de esos protocolos está a cargo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Desde la emisión de la resolución de la Alcaldía, esa entidad ha realizado inspecciones en 81 locales en el Distrito.
Érika Jiménez, directora jurídica de la AMC, dice que las inspecciones derivan en informes quincenales en los que se evalúa el desempeño de los gimnasios.
Javier Ramos es usuario de Smart Fit. Regresó al gimnasio la semana pasada. Cuenta que era cliente desde antes de la pandemia y lo primero que hizo para retornar fue verificar qué medidas de bioseguridad se adoptaron.
Para asistir, él agenda su cita. Está en el centro de acondicionamiento por un lapso de 45 minutos y solo va cuatro días a la semana. Ramos manifiesta que ya no tiene temor y que con menos gente se puede desenvolver mejor.
Sin embargo, no todas las experiencias han sido positivas. Fernanda Carrillo asiste a un gimnasio ubicado en la calle Machala (norte). Señala que hace tres semanas el lugar reabrió y ella regresó.
En su clase de baile, conforme pasaban los minutos, más personas se unieron. Al final, la distancia mínima ya no se respetaba. Al terminar, ella preguntó sobre las medidas de bioseguridad. Hubo un compromiso de pintar señales en el suelo, pero eso no se cumplió en la siguiente clase.
La Motta también preside la Asociación de Gimnasios del Ecuador, que se conformó para presentar el plan piloto. Comenta que en Quito hay al menos 500 gimnasios.
De los datos con los que cuenta, se registra el cierre del 20%. Debido a la crisis, es posible que un 10% más suspenda los servicios a los usuarios.
