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El caso Vaqnas escaló a los ámbitos judicial, electoral y administrativo tras la formalización de una acción acusatoria el 19 de octubre de 2026. Mientras las autoridades revisan la documentación presentada, los denunciantes sostienen una teoría sobre una supuesta estructura que operaba dentro del Municipio de Quito, los mecanismos que habría utilizado y el destino que, según su versión, tuvieron los recursos investigados.
La denuncia impulsada por el activista político y exconsejero del Cpccs, Juan Esteban Guarderas, con el patrocinio del abogado Pablo Sempértegui, y la investigación difundida por Visionarias, el colectivo ciudadano Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción, sostienen que desde 2024 existió un supuesto mecanismo de recaudación de dinero entre trabajadores municipales.
Según los acusadores, los aportes fluctuaban entre 60 y 120 dólares mensuales, de acuerdo con el nivel salarial de cada funcionario. Los pagos debían realizarse durante los primeros cinco días de cada mes.
La denuncia también sostiene que algunos trabajadores recibían supuestas advertencias de despido si no cumplían con las contribuciones. De acuerdo con los investigadores, esta práctica era conocida internamente como “vacunar“, término del que deriva el nombre del caso.
Los impulsores de la investigación aseguran que recopilaron información durante tres meses junto con Visionarias, Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción.
Entre los elementos presentados constan chats de WhatsApp con recordatorios de pago, audios, testimonios, registros de cuentas bancarias y un video en el que se observaría la entrega de 60 dólares en efectivo.
Además, los investigadores afirman que existen evidencias sobre supuestos cobros extraordinarios mediante rifas y bingos que, según la denuncia, tenían carácter obligatorio.
También sostienen que poseen información sobre las personas que, según su versión, solicitaban los aportes, entregaban el dinero o recibían los recursos.
La investigación difundida por las organizaciones denunciantes plantea que los recursos recaudados constituían una supuesta fuente de financiamiento para actividades políticas vinculadas a la Revolución Ciudadana.
Como parte de los elementos recopilados, los investigadores mencionan una solicitud de colaboración económica bajo el argumento de que “un partido no se sostiene sin aporte”.
Durante sus declaraciones, Guarderas señaló que un escenario hipotético de 1 000 servidores que aportaran 80 dólares mensuales representaría 960 000 dólares al año. El exconsejero aclaró que se trataba de una estimación y no de una cifra comprobada de recaudación.
El 19 de octubre de 2026, Guarderas y Sempértegui formalizaron una acción acusatoria para que las autoridades determinen si existió conocimiento o participación en los hechos denunciados.
La causa solicita esclarecer una posible configuración de los delitos de concusión y cohecho dentro del supuesto esquema descrito por los acusadores.
Además, los denunciantes anunciaron diligencias ante la Contraloría General del Estado para revisar posibles faltas administrativas. Según su argumentación, los supuestos cobros se efectuaban dentro de instalaciones públicas y durante la jornada laboral.
El grupo también anticipó una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con base en el artículo 281 del Código de la Democracia, por un supuesto financiamiento prohibido relacionado con una campaña de reelección.
La denuncia incluye además a otras tres personas que, según la parte acusadora, ocupaban cargos directivos o de gestión dentro de entidades municipales.
La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) se pronunció sobre las acusaciones mediante un comunicado difundido el 14 de octubre de 2026.
La entidad identificó a Carlos Israel Murillo Cañizares como un exfuncionario sobre quien recibió denuncias durante 2026. Según la empresa, esos reportes motivaron investigaciones internas y posteriormente su desvinculación.
La Epmtpq también informó que el 27 de julio de 2026 el gerente general presentó una denuncia por un supuesto delito de intimidación.
La institución agregó que el 29 de julio recibió una alerta sobre un posible delito de cohecho relacionado con la contratación del servicio de seguridad privada. Un día después, remitió la información a Quito Honesto y presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos de concusión y cohecho.
En el mismo comunicado, la empresa cuestionó a Guarderas y afirmó que solicitó contacto con la administración municipal para evitar, según su versión, la difusión de una información que calificó como sensible. El pronunciamiento no detalló el contenido de esa información.
Los promotores de la denuncia sostienen que decenas de servidores municipales decidieron rendir versión sobre los hechos investigados.
Ante ese escenario, los abogados patrocinadores solicitaron mecanismos de protección para los testigos. El pedido se fundamenta en reportes sobre supuestas intimidaciones en plataformas digitales y en un incidente en el que un objeto contundente impactó la ventana del vehículo de uno de los declarantes.
El caso Vaqnas es una denuncia sobre un supuesto mecanismo de recaudación de dinero entre trabajadores municipales de Quito que habría operado desde 2024. Los denunciantes solicitan investigar posibles delitos de concusión y cohecho.
Contexto: La denuncia fue impulsada por el activista político y exconsejero del Cpccs, Juan Esteban Guarderas, con el patrocinio del abogado Pablo Sempértegui. La investigación fue difundida por Visionarias, el colectivo ciudadano Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción. Los hechos denunciados aún deben ser esclarecidos por las autoridades.
Según los denunciantes, los aportes fluctuaban entre 60 y 120 dólares mensuales, de acuerdo con el nivel salarial de cada funcionario.
Contexto: Los pagos debían efectuarse durante los primeros cinco días de cada mes. Los investigadores también señalaron la existencia de supuestos cobros extraordinarios mediante rifas y bingos que, según su versión, tenían carácter obligatorio.
Los investigadores mencionaron chats de WhatsApp, audios, testimonios, registros de cuentas bancarias y un video en el que se observaría la entrega de 60 dólares en efectivo.
Contexto: Visionarias, Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción participaron en la recopilación de información durante tres meses. Los impulsores de la investigación también afirmaron tener información sobre las personas que supuestamente solicitaban, entregaban o recibían los recursos.
Según la investigación difundida por las organizaciones denunciantes, los recursos habrían servido para financiar actividades políticas vinculadas a la Revolución Ciudadana.
Contexto: Los investigadores mencionaron una solicitud de colaboración económica que incluía el argumento de que «un partido no se sostiene sin aporte». La información proporcionada no establece una cifra comprobada de recaudación ni acredita el destino final de todos los recursos investigados.
No se ha establecido una cifra comprobada de recaudación en la información proporcionada. Juan Esteban Guarderas expuso un escenario hipotético de 960 000 dólares anuales.
Contexto: El cálculo planteado por Guarderas considera a 1 000 servidores que aportaran 80 dólares mensuales cada uno. El exconsejero aclaró que se trataba de una estimación y no de una cantidad efectivamente recaudada.
Juan Esteban Guarderas y el abogado Pablo Sempértegui formalizaron una acción acusatoria para que las autoridades determinen si existió conocimiento o participación en los hechos denunciados.
Contexto: La acción solicita esclarecer una posible configuración de los delitos de concusión y cohecho. Además, los denunciantes anunciaron diligencias ante la Contraloría General del Estado y una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un supuesto financiamiento prohibido relacionado con una campaña de reelección.
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