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La investigación judicial por presunta negligencia odontológica en la capital avanzó hacia los tribunales este lunes, 12 de octubre de 2026. Más de medio año después del fallecimiento del paciente Luis Alarcón, el proceso penal se activa formalmente: cuatro personas afrontan cargos por muerte en clínica dental de Quito, luego de que las autoridades detectaran irregularidades en la atención médica y en los permisos de funcionamiento del establecimiento.
La causa por una muerte en clínica dental de Quito sumó un paso clave luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara formalmente a un juez de Pichincha la fijación de día y hora para formular cargos.
La imputación recaerá sobre cuatro personas investigadas por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, en relación con el procedimiento practicado el 2 de abril de 2026, fecha en que el ciudadano acudió a realizarse varios tratamientos y sufrió un paro cardiorrespiratorio en el consultorio.
Los familiares de la víctima remarcaron que el ciudadano llegó en óptimas condiciones de salud y sin alergias ni antecedentes médicos reportados, aspectos que fueron reconocidos por personeros del propio consultorio.
No obstante, persiste una controversia sobre el mecanismo de sedación suministrado: los allegados sostienen que se aplicó anestesia general, mientras que los representantes del establecimiento afirman que se utilizó sedación consciente.
Un parte policial elaborado la jornada del hecho reveló que al menos tres médicos tuvieron contacto directo con el paciente minutos previos a su fallecimiento.
El suceso motivó inspecciones técnicas que terminaron en sanciones administrativas. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) procedió con la clausura del local debido a que operaba un área de rayos X sin contar con las autorizaciones pertinentes, pues su permiso facultaba exclusivamente labores odontológicas generales.
A su vez, según informó EL COMERCIO en una nota periodística publicada el pasado 10 de abril de 2026, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) precisó que el establecimiento no poseía la categorización necesaria para disponer de un coche de paro y un monitor de signos vitales, equipos vitales ante contingencias que obligaron a aguardar el arribo externo de una ambulancia con paramédicos.
Las inspecciones sanitarias posteriores evidenciaron anomalías operativas tanto en la sede principal como en una sucursal del mismo establecimiento ubicada en Cumbayá.
En el local inicial se identificaron 482 insumos y dispositivos caducados, junto a toxina botulínica y ácido hialurónico almacenados al lado de víveres.
En la sucursal de Cumbayá, los técnicos inmovilizaron 171 fármacos vencidos y sin rotular, sueros abiertos junto a alimentos, historias clínicas desactualizadas y jeringuillas con sustancias no identificadas, elementos que motivaron clausuras cautelares mientras continúan las auditorías sanitarias y el trámite legal.
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