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El jueves 2 de abril de 2026, un paciente de 37 años falleció durante un procedimiento odontológico en una clínica privada del norte de Quito, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba bajo anestesia general. El caso se encuentra en etapa previa a una investigación fiscal por presunta mala práctica médica, según documentación entregada por la familia del paciente y datos proporcionados por autoridades.
Luis Alberto Alarcón Herrera ingresó a la clínica para realizarse una endodoncia en una pieza molar y la colocación de implantes dentales.
Durante la intervención, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el establecimiento. La causa oficial de muerte incluye infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria, de acuerdo con el certificado de defunción al que tuvo acceso la familia.
Según información de la Policía Nacional, la alerta se generó tras la denuncia de un familiar del paciente. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre sin signos vitales, recostado sobre un sillón odontológico.
De acuerdo con la versión de sus familiares, la emergencia se produjo mientras se realizaba el procedimiento odontológico, lo que motivó la intervención policial y el posterior levantamiento del cuerpo por parte de Medicina Legal.
La familia del paciente informó que revisó los documentos firmados antes del procedimiento. En ese proceso, encontró el formulario de consentimiento anestésico del Ministerio de Salud Pública.
Según los familiares, el documento tiene en blanco los campos de nombre, firma y sello del anestesiólogo. Esto impide identificar al profesional responsable del procedimiento.
Según la documentación presentada por la familia, no se identifica al profesional responsable del acto anestésico, un elemento que deberá ser esclarecido dentro de la investigación.
De acuerdo con los documentos entregados el consentimiento informado de la clínica señala que la endodoncia se realiza habitualmente bajo anestesia local.
Sin embargo, siempre según la documentación presentada por los familiares, en este caso se aplicó anestesia general sin que conste una justificación clínica escrita que respalde esa decisión.
La familia indicó que, tras revisar los consentimientos informados, detectó inconsistencias en las fechas de algunos documentos.
Según esa revisión, dos consentimientos relacionados con cirugía oral e implantología presentan fechas posteriores al fallecimiento, pese a haber sido firmados antes del procedimiento.
De acuerdo con los documentos entregados por la familia, los consentimientos informados incluyen una cláusula en la que se establece que el profesional tratante asume la responsabilidad de los procedimientos y que la clínica no tiene compromiso directo.
La familia sostiene que este tipo de disposiciones no se ajustaría a la normativa vigente, lo que también será parte de los elementos a analizar en el proceso.
En el sector de Iñaquito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento donde ocurrió el fallecimiento. Durante la inspección, la entidad detectó que en una de las habitaciones funcionaba un área de Rayos X sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
La AMC señaló que, aunque la clínica contaba con permisos para la prestación de servicios odontológicos, el uso de equipos de radiología sin autorización constituye una infracción a la normativa metropolitana.
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, señaló que el control técnico y la vigilancia sanitaria de estos establecimientos no corresponden al Municipio. El funcionario explicó que esas competencias recaen en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), adscrita al Ministerio de Salud Pública.
En ese marco, precisó que la intervención municipal se limita al control de actividades económicas y al cumplimiento de la normativa local.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la autopsia correspondiente, cuyo informe será remitido a la Fiscalía General del Estado.
Con ese documento se prevé el inicio formal de la investigación previa por el supuesto delito de homicidio culposo por mala práctica médica, conforme al Código Orgánico Integral Penal.
Este medio intentó comunicarse con la clínica involucrada, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.
El paciente fallecido deja una esposa y una hija de tres meses. La familia inició acciones legales y administrativas, entre ellas un proceso de contracargo por un pago realizado días antes del procedimiento.
Además, los familiares han solicitado formalmente la entrega de la historia clínica completa y los documentos relacionados con la intervención.
Información extra: Quito
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