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El caso de Luis Alberto Alarcón Herrera, fallecido el 2 de abril de 2026 durante un procedimiento odontológico en una clínica privada de Quito, se sostiene en buena parte en el testimonio de su padre, Luis Alarcón. Su versión detalla la cronología del día, las respuestas del personal médico y los elementos que, según la familia, no han sido aclarados hasta ahora.
Según la información disponible, Luis Alarcón acudió a la clínica al norte de Quito para un tratamiento dental que incluía una endodoncia y dos implantes.
El establecimiento optó por aplicar anestesia general. En los documentos del propio consentimiento informado se indica que este tipo de procedimiento suele realizarse con anestesia local, lo que ubica esta decisión como un elemento relevante dentro del caso.
Durante la intervención, el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento.
El certificado de defunción recoge como causas: infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria.
Se realizó una autopsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El informe completo aún no ha sido remitido a la Fiscalía, lo que mantiene el caso en una fase inicial.
La investigación penal se activará una vez que ese documento llegue oficialmente a la Fiscalía, bajo la figura de homicidio culposo por mala práctica médica, según el artículo 146 del COIP.
👉 https://t.co/gph0jkb4ou Paciente muere en clínica dental Quito pic.twitter.com/ToHV7BgsEZ
— El Comercio (@elcomerciocom) April 7, 2026
Luis Alarcón padre relató que su hijo ingresó a la clínica alrededor de las 10:00 para someterse a una endodoncia y colocación de implantes. Antes del procedimiento, firmó documentos de autorización.
El padre indicó que no revisó esos formularios en ese momento. Posteriormente, la familia accedió a fotografías que el propio paciente tomó, en las que —según su versión— los documentos aparecen incompletos, sin identificación del profesional responsable de la anestesia.
En ese contexto, la familia permaneció en la sala de espera, mientras el procedimiento tenía una duración estimada de entre dos y dos horas y media.
Cerca del mediodía, al no recibir información, el padre decidió preguntar por el estado de su hijo. Según su relato, una trabajadora del mostrador ingresó al área de consultorios y, al regresar, le indicó que el paciente estaba estabilizado.
El padre cuestionó esa respuesta y pidió más detalles. La información que recibió se mantuvo en términos generales, sin una explicación clara de lo ocurrido.
Esa fue la primera comunicación que la familia tuvo sobre una complicación durante el procedimiento.
Más adelante, una persona del personal médico —a quien el padre identifica como quien aplicó la anestesia— le explicó que al paciente se le administró tramadol por vía intravenosa.
Según ese relato, tras la aplicación del medicamento se presentaron reacciones en el brazo y el pecho. El personal señaló que se realizaron acciones para estabilizarlo.
El padre también indicó que, de acuerdo con lo que le comunicaron, su hijo habría salido de la anestesia después del procedimiento odontológico y permanecido consciente durante aproximadamente 15 minutos antes del evento crítico.
Dentro del contexto del caso, se conoce que el procedimiento se realizó bajo anestesia general, a pesar de que el propio consentimiento informado de la clínica señala que este tipo de tratamiento suele efectuarse con anestesia local.
Para la familia, este punto forma parte de los cuestionamientos centrales sobre la actuación médica, aunque la investigación aún no determina responsabilidades.
El padre relató que la clínica activó el sistema ECU 911 tras la complicación. Sin embargo, la Policía llegó primero al lugar, antes que la ambulancia.
El traslado del paciente se coordinó hacia un hospital privado, debido a que contaba con seguro médico. En ese momento, la clínica entregó algunos documentos con antecedentes del procedimiento.
Según el testimonio, esos documentos no se conservaron y habrían sido recogidos posteriormente por las autoridades.
Luis Alarcón padre afirmó que, hasta ahora, la clínica no ha entregado una explicación técnica detallada sobre lo ocurrido durante el procedimiento.
Indicó que no ha existido ningún contacto posterior por parte del establecimiento para aclarar los hechos o informar sobre posibles responsabilidades.
Además, sostuvo que durante su permanencia en la clínica observó la destrucción de documentos, un hecho que, según dijo, no ha sido explicado.
La familia señaló que no ha recibido información formal de la Fiscalía sobre el avance del caso. Tampoco ha tenido acceso a peritajes independientes.
🗞️ #BoletínDePrensa | 🚫 Paciente falleció durante atención dental: AMC clausuró clínica en Iñaquito tras encontrar área de rayos X sin permisos.
— Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) April 7, 2026
👨⚕️ El establecimiento contaba con autorización para servicios odontológicos, pero incumplía normativa en actividades complementarias.… pic.twitter.com/MGrcbhD2cQ
El proceso se mantiene a la espera del informe completo de autopsia, que debe ser remitido por Medicina Legal para iniciar formalmente la investigación penal por presunta mala práctica médica.
Mientras tanto, la familia cuenta con asesoría jurídica, pero no ha iniciado otras acciones legales adicionales.
El padre de la víctima atribuyó la responsabilidad al equipo que intervino en el procedimiento y a la clínica en su conjunto.
Señaló que la decisión de aplicar anestesia general para un procedimiento odontológico resulta cuestionable, según lo que ha conocido posteriormente.
También pidió que las autoridades refuercen los controles a establecimientos de salud y que se suspenda a los responsables mientras se investiga el caso.
La familia sostuvo que su objetivo es que se aplique la ley y evitar que hechos similares se repitan.
Hasta el cierre de esta nota, la clínica dental no ha dado respuesta a los mensajes enviados ni ha emitido declaraciones.
Información extra: Quito
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