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Corte Provincial escuchó a las partes sobre acción de protección de Jorge Yunda y decidirá en máximo ocho días

En la audiencia, los abogados del exalcalde Jorge Yunda insistieron en que no se respetó el derecho a un juez imparcial. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha a cargo de la apelación a la acción de protección a favor del exalcalde Jorge Yunda tiene ocho días hábiles para emitir su decisión. La tarde de hoy, viernes 23 de julio del 2021, tuvo lugar la audiencia para tratar el tema.

El Tribunal, conformado por los jueces Cenia Vera, Guadalupe Narváez y Raúl Mariño, escuchó a los abogados defensores de los concejales Mónica Sandoval, Analía Ledesma, Fernando Morales y el ahora alcalde de Quito, Santiago Guarderas.

También atendió los alegatos de la defensa de Yunda. Esta vez actuaron tres abogados que no fueron quienes patrocinaron la acción ante la jueza de primera instancia, María Belén Domínguez.

La audiencia se instaló a las 14:50. La defensa de los ediles fue la primera en actuar. El abogado Ricardo, en representación de Guarderas, señaló que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) establece un procedimiento que no ha sido declarado inconstitucional hasta el momento.

En ese escenario, Hernández planteó que, si existían reparos a lo normado en el Cootad, la vía adecuada era demandar su inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).

Por su parte, la defensa de Yunda defendió la acción de protección. Los abogados del exalcalde insistieron en que no se respetó el derecho a un juez imparcial. Esto porque Guarderas ya se había pronunciado en contra de Yunda y estaba predispuesto a la remoción.

Juan Pablo Torres, uno de los abogados del exalcalde, planteó que Guarderas asumió el cargo sin que la decisión de la jueza Grimanesa Erazo sobre la revocatoria de las medidas cautelares, esté ejecutoriada.

A criterio de Torres, la decisión no había sido notificada de forma escrita y aún procedía la presentación de un recurso horizontal como el de aclaración o ampliación.

Sobre esto, Édison Carrillo, abogado del concejal Morales, señaló que, en lo relacionado con medidas cautelares, lo único que prevé la Ley es una apelación en caso de que los accionados lo propongan.

En este caso, los accionados fueron los ediles del Concejo Metropolitano. Después de eso, el bloque de oposición solicitó la revocatoria de dichas medidas. Según Carrillo, la jueza podía incluso revocar dichas medidas sin la necesidad de la audiencia que tuvo lugar el lunes pasado.

La acción de protección es el último recurso que está pendiente de resolución en medio del proceso de remoción de Yunda. Tras la subrogación de Guarderas, el exalcalde solo ha dicho que espera esa decisión.

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