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Los allanamientos ejecutados por la Fiscalía el 21 de octubre de 2026, las denuncias presentadas por el concejal Michael Aulestia y el pronunciamiento del Gobierno sobre una posible concentración de contratos colocaron bajo escrutinio los procesos de contratación pública en Quito.
Sin embargo, durante la sesión del Concejo Metropolitano del 27 de octubre apareció un elemento que amplió el alcance del debate: una red de empresas, consorcios y personas vinculadas que, según el concejal Andrés Campaña, acumula contratos desde hace más de una década y atraviesa varias administraciones municipales.
Durante su intervención ante el Concejo, Andrés Campaña aseguró que la concentración de contratos no constituye una noticia nueva dentro del Municipio de Quito.
El edil recordó que el tema apareció públicamente años atrás e incluso citó una investigación periodística publicada en 2023 sobre la contratación de obras de asfaltado en la capital.
Según Campaña, la red que forma parte de los cuestionamientos acumula 240 contratos desde 2015. De ese total, 162 corresponden al Municipio de Quito y 55 a la actual administración.
El concejal afirmó que esa estructura no se limita a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), sino que involucra también administraciones zonales, otras empresas públicas, institutos y secretarías metropolitanas.
“Yo mismo varias veces había señalado mi preocupación, mi alerta por la existencia de esta red que concentra contratos”, manifestó durante la sesión.
Campaña recalcó que la concentración de contratos resulta cuestionable desde el punto de vista ético, pero afirmó que esa conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La discusión sobre los contratos tomó fuerza después del pronunciamiento del Gobierno sobre el denominado caso Asfalto de Oro.
Según esa versión, la Epmmop adjudicó cerca de 64 millones de dólares en contratos a proveedores vinculados a una misma persona entre marzo y septiembre de 2026.
El Gobierno sostuvo que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó un patrón recurrente que involucraría empresas, consorcios y personas naturales relacionadas entre sí.
Además, señaló que durante 2024 un proveedor obtuvo ocho contratos por 17,4 millones de dólares.
A criterio del Ejecutivo, estos antecedentes ameritan una revisión para determinar si existió una concentración de adjudicaciones alrededor de un mismo beneficiario.
La Fiscalía recibió dos denuncias impulsadas por Michael Aulestia entre el 14 y el 18 de octubre de 2026 por posibles delitos de peculado y lavado de activos.
Según el concejal, las observaciones apuntan a una estructura integrada por consorcios, compañías y personas naturales vinculadas entre sí.
Aulestia calcula que los contratos observados alcanzan aproximadamente 65 millones de dólares.
También sostiene que esa estructura acumula cerca de 115 millones de dólares en contrataciones si se incluyen adjudicaciones obtenidas en otras instituciones públicas y gobiernos autónomos descentralizados.
Entre los procesos mencionados constan contratos relacionados con la Ecovía, Vial Los Chillos, Vial Calderón, Rehabilitación Vial, Vial Eugenio Espejo, Asfaltado UIO, La Delicia, Sur U y J, Vial Conquistadores, Vial Quito, Vial La Libertad, Vial El Ejido y Quitopía.
Uno de los aspectos centrales de la sesión correspondió a la comparecencia del gerente de la Epmmop, Jorge Wladimir Campoverde.
El funcionario sostuvo que la empresa detectó hace más de un año particularidades en la conformación de consorcios que participaban en sus procesos de contratación.
Según explicó, la entidad documentó esos antecedentes y los remitió al Sercop, a la Superintendencia de Competencia Económica y a Quito Honesto.
Campoverde afirmó que la Superintendencia y Quito Honesto respondieron a esos requerimientos. También señaló que la empresa no recibió una respuesta del Sercop.
La documentación relacionada con esas actuaciones suma cerca de 50 000 fojas y forma parte de la información remitida a la Fiscalía.
“No hemos guardado silencio”, afirmó durante su intervención.
Aunque el gerente evitó responder consultas debido a la investigación fiscal en curso, varios concejales plantearon interrogantes que reflejaron distintas posiciones sobre el caso.
Diego Garrido preguntó si las obras observadas cuentan con auditorías de Quito Honesto o de la Contraloría General del Estado y planteó la necesidad de conocer si existieron revisiones administrativas antes de que el caso llegara al ámbito penal.
Andrés Campaña sostuvo que la concentración de contratos merece explicación, pero también pidió conocer cuáles son las obras observadas, cuáles son los presupuestos involucrados y cuáles son los elementos que sustentan las denuncias por posibles delitos.
Además, solicitó información sobre las respuestas emitidas por la Superintendencia de Competencia Económica y por Quito Honesto respecto de los antecedentes remitidos por la Epmmop.
Antes de la votación de una resolución relacionada con el tema, el alcalde Pabel Muñoz intervino durante varios minutos para exponer la posición de su administración.
El Alcalde retomó los argumentos planteados por Campaña y otros concejales respecto a que la concentración de contratos sería un fenómeno observado desde 2015.
A partir de esa premisa, formuló una pregunta política que atravesó toda su intervención:
“Si esto viene desde el 2015, ¿por qué se presenta a cuatro semanas de las elecciones?”
Muñoz también respaldó la versión presentada por Campoverde sobre las actuaciones previas de la Epmmop y destacó que la empresa comunicó sus hallazgos a organismos de control antes de que el caso adquiriera notoriedad pública.
Según el Alcalde, la Superintendencia de Competencia Económica inició actuaciones y la Epmmop respondió 16 requerimientos, mientras que el Sercop no emitió una respuesta durante más de un año.
El tramo más político de la intervención de Muñoz llegó cuando calificó la situación como un caso de “judicialización de la política”.
El Alcalde afirmó que existe una dinámica en la que se presentan denuncias, se producen señalamientos públicos y posteriormente llegan investigaciones, allanamientos y procesos judiciales.
Durante su intervención también presentó cifras sobre acciones de control dirigidas contra él y su administración en casi cuatro años de gestión.
Entre ellas mencionó 67 procesos suspendidos en el Sercop, 13 denuncias en Fiscalía, 514 exámenes y pedidos de información de la Contraloría, 59 procesos de control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y 28 pedidos de información desde la Asamblea Nacional.
Además, aseguró que el Municipio mantendrá abierta la colaboración con la Fiscalía, la Contraloría y otros organismos de control.
Al final del punto, el Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos una resolución impulsada por la vicealcaldesa Fernanda Racines.
El documento exhorta al Sercop a responder y dar seguimiento a los requerimientos que la Epmmop presentó hace más de un año sobre particularidades detectadas en la conformación de consorcios.
La resolución también solicita a la Superintendencia de Competencia Económica continuar y concluir los expedientes relacionados con esos antecedentes.
Además, reafirma el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la independencia de las instituciones que participan en investigaciones y procedimientos de control.
La Fiscalía informó que los allanamientos del 21 de octubre buscan recabar indicios dentro de una investigación relacionada con la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública de 2024 que superan los cuatro millones de dólares.
Hasta ahora no existen personas procesadas dentro de esta causa.
Mientras la investigación avanza, el debate político sumó una nueva cifra al caso Asfalto de Oro.
El Gobierno habla de contratos por 64 millones de dólares adjudicados a proveedores vinculados a una misma persona. Michael Aulestia sostiene que existe una estructura con contratos observados por 65 millones de dólares. Andrés Campaña asegura que la red bajo cuestionamiento acumula 240 contratos desde 2015, de los cuales 162 corresponden al Municipio de Quito. La determinación de responsabilidades queda ahora en manos de los organismos de control y de la justicia.
El Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos una resolución impulsada por la vicealcaldesa Fernanda Racines para solicitar respuestas y seguimiento a los requerimientos de la Epmmop sobre la conformación de consorcios.
Contexto: La resolución exhorta al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a responder los requerimientos presentados hace más de un año y solicita a la Superintendencia de Competencia Económica continuar y concluir los expedientes relacionados con esos antecedentes. También reafirma el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la independencia institucional.
La Fiscalía busca indicios sobre la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública de 2024 que superan los cuatro millones de dólares.
Contexto: Los allanamientos se realizaron el 21 de octubre de 2026. Hasta el momento, no existen personas procesadas dentro de esta causa, que continúa bajo investigación.
Diego Garrido preguntó si las obras observadas cuentan con auditorías de Quito Honesto o de la Contraloría General del Estado. Andrés Campaña pidió identificar las obras, los presupuestos involucrados y los elementos que sustentan las denuncias por posibles delitos.
Contexto: Campaña también solicitó información sobre las respuestas de la Superintendencia de Competencia Económica y de Quito Honesto respecto de los antecedentes remitidos por la Epmmop. Según la nota, el gerente evitó responder las consultas debido a la investigación fiscal en curso.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó que el caso se presentara a cuatro semanas de las elecciones, pese a que, según los argumentos expuestos en el Concejo, la concentración de contratos sería un fenómeno observado desde 2015.
Contexto: Muñoz respaldó la versión de Campoverde sobre las actuaciones previas de la Epmmop y destacó que la empresa comunicó sus hallazgos a organismos de control antes de que el caso adquiriera notoriedad pública.
Muñoz afirmó que la Superintendencia de Competencia Económica inició actuaciones, que la Epmmop respondió 16 requerimientos y que el Sercop no emitió una respuesta durante más de un año.
Contexto: El Alcalde utilizó estos antecedentes para defender la actuación de la administración municipal frente a los cuestionamientos por los contratos observados. La resolución aprobada por el Concejo solicita al Sercop responder y dar seguimiento a los requerimientos pendientes.
Muñoz calificó la situación como una «judicialización de la política» porque, según sostuvo, existe una dinámica de denuncias y señalamientos públicos que después da paso a investigaciones, allanamientos y procesos judiciales.
Contexto: Durante su intervención, el Alcalde también afirmó que el Municipio mantendrá su colaboración con la Fiscalía, la Contraloría y otros organismos de control. La expresión corresponde a su valoración sobre el caso.
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