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Los allanamientos que ejecutó la Fiscalía el 21 de octubre de 2026 en dependencias municipales de Quito colocaron bajo revisión varios procesos de contratación pública y llevaron el denominado caso Asfalto de Oro al centro del debate político y administrativo de la capital.
Mientras la Fiscalía busca indicios sobre posibles irregularidades en contratos de obra pública, el Gobierno, concejales metropolitanos y el Municipio exponen posiciones distintas sobre el alcance del caso y los mecanismos de control aplicados.
En un pronunciamiento oficial, el Gobierno sostuvo que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) adjudicó cerca de 64 millones de dólares en contratos a proveedores vinculados a una misma persona entre marzo y septiembre de 2026.
Según la posición del Ejecutivo, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) identificó un patrón recurrente que involucraría a empresas, consorcios y personas naturales relacionadas entre sí.
El Gobierno planteó que esa recurrencia genera interrogantes sobre la forma en que se desarrollaron las adjudicaciones y sobre los controles aplicados durante los procesos.
Además, señaló que en 2024 un proveedor obtuvo ocho contratos por 17,4 millones de dólares, antecedente que también forma parte de los cuestionamientos expuestos públicamente.
De acuerdo con el pronunciamiento gubernamental, el organismo detectó un posible patrón de concentración de contratos a través de distintas figuras jurídicas.
El Gobierno puntualizó que constituir sociedades o consorcios no constituye un delito por sí mismo. Sin embargo, señaló que las autoridades competentes deben determinar si esas estructuras se utilizaron dentro del marco legal o si existió alguna actuación contraria a la normativa de contratación pública.
El mensaje oficial también enfatizó que la detección de riesgos, la investigación de los hechos y la determinación de responsabilidades corresponden a instituciones diferentes.
El caso tomó impulso después de las denuncias que presentó el concejal Michael Aulestia entre el 14 y el 18 de octubre de 2026 por posibles delitos de peculado y lavado de activos.
Según el edil, existe una posible concentración de contratos mediante una estructura integrada por consorcios, compañías y personas naturales vinculadas entre sí.
Aulestia sostiene que los contratos observados suman aproximadamente 65 millones de dólares. Según su revisión, las adjudicaciones observadas alcanzan 15 millones de dólares en 2022, cinco millones de dólares en 2023 y 31 millones de dólares en 2024, además de otros procesos posteriores.
El concejal también aseguró que la estructura societaria señalada en la denuncia acumula cerca de 115 millones de dólares en contrataciones si se incluyen adjudicaciones obtenidas en otras entidades públicas y gobiernos autónomos descentralizados.
Entre los procesos mencionados por Aulestia consta el contrato de la Ecovía, identificado como LICO-EMOP-2024-006, por aproximadamente cuatro millones de dólares.
También figura un contrato correspondiente a Vial Los Chillos, suscrito el 15 de marzo de 2024 por 334 000 dólares.
A estos procesos se suman contratos relacionados con Vial Calderón, Rehabilitación Vial, Vial Eugenio Espejo, Asfaltado UIO, La Delicia, Sur U y J, Vial Conquistadores, Vial Quito, Vial La Libertad, Vial El Ejido y Quitopía.
Aulestia precisó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Tras los allanamientos, la concejal Analía Ledesma planteó la necesidad de profundizar la fiscalización sobre las empresas públicas municipales.
Entre los argumentos expuestos consta la conveniencia de revisar los mecanismos de vigilancia y acceso a la información dentro de las empresas públicas, especialmente después de que los concejales dejaron de integrar sus directorios en 2023.
Las propuestas incluyen comparecencias periódicas de gerentes, mayor acceso a información institucional y espacios permanentes de seguimiento desde el Concejo Metropolitano.
El Gobierno acompañó su pronunciamiento con una serie de interrogantes sobre los procesos observados.
Entre ellos figuran quiénes participaron en la preparación, revisión y aprobación de los contratos; quiénes autorizaron las adjudicaciones; y qué controles aplicó la administración municipal para detectar posibles patrones de concentración de contrataciones entre proveedores relacionados.
Según el Ejecutivo, esos aspectos deben esclarecerse dentro de las investigaciones que desarrollan los organismos de control y justicia.
La Fiscalía informó que los allanamientos del 21 de octubre buscan recabar indicios dentro de una investigación relacionada con la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública adjudicados en 2024.
Según la entidad, esos contratos superan los cuatro millones de dólares.
Las diligencias se desarrollaron en oficinas del Municipio de Quito, la Epmmop, un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Tras los operativos, el Municipio informó que colaboró con las autoridades y entregó la documentación solicitada durante las diligencias.
La administración municipal defendió la legalidad de sus procesos de contratación y sostuvo que cualquier investigación debe desarrollarse con pruebas y respeto al debido proceso.
Por el momento, la causa permanece en etapa de recolección de indicios. Mientras tanto, el caso Asfalto de Oro mantiene abiertas las preguntas sobre los procesos de contratación pública observados, los controles aplicados por las entidades municipales y el alcance de una investigación que aún no determina responsabilidades.
El caso Asfalto de Oro es una investigación de la Fiscalía sobre la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública en Quito, por un monto superior a cuatro millones de dólares.
Contexto: La investigación tomó relevancia tras los allanamientos del 21 de octubre de 2026 en dependencias municipales y otras instalaciones. El caso también involucra cuestionamientos sobre una posible concentración de contratos públicos entre empresas, consorcios y personas naturales relacionadas entre sí.
La Fiscalía ejecutó los allanamientos el 21 de octubre de 2026 en oficinas del Municipio de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Contexto: Según la Fiscalía, las diligencias buscaban recabar indicios dentro de una investigación por la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública adjudicados en 2024.
La Fiscalía investiga la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública de 2024, cuyo valor conjunto supera los cuatro millones de dólares.
Contexto: La causa permanece en etapa de recolección de indicios. Todavía no determina responsabilidades. La investigación se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación y los controles aplicados por las entidades municipales.
El Gobierno señaló que la Epmmop adjudicó cerca de 64 millones de dólares en contratos a proveedores vinculados a una misma persona entre marzo y septiembre de 2026. El concejal Michael Aulestia, por su parte, sostiene que los contratos observados suman aproximadamente 65 millones de dólares.
Contexto: Aulestia señaló adjudicaciones por 15 millones de dólares en 2022, cinco millones en 2023 y 31 millones en 2024, además de otros procesos posteriores. También aseguró que la estructura societaria mencionada en su denuncia acumula cerca de 115 millones de dólares en contrataciones al incluir adjudicaciones de otras entidades públicas y gobiernos autónomos descentralizados.
Según el pronunciamiento del Gobierno, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) identificó un posible patrón de concentración de contratos mediante empresas, consorcios y personas naturales relacionadas entre sí.
Contexto: El Ejecutivo señaló que constituir sociedades o consorcios no constituye un delito por sí mismo. Indicó que las autoridades competentes deben determinar si esas estructuras operaron dentro del marco legal o si existieron actuaciones contrarias a la normativa de contratación pública.
El concejal metropolitano Michael Aulestia presentó denuncias ante la Fiscalía entre el 14 y el 18 de octubre de 2026 por posibles delitos de peculado y lavado de activos.
Contexto: Aulestia sostiene que existiría una posible concentración de contratos mediante consorcios, compañías y personas naturales vinculadas entre sí. También precisó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
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